CHELO TUYA
GIJÓN.
Domingo, 17 de marzo 2019, 03:09
Los centros de servicios sociales municipales tramitaron, el año pasado, 1.443 peticiones de salario social. En lo que va de año, a esas sumaron 241 más. Las formularon personas cuyos ingresos no llegan a los 430 euros al mes, por lo que ... tienen derecho a la prestación autonómica que, desde su entrada en vigor en 2005, se ha convertido en la red de apoyo de quienes carecen de recursos. Sin embargo, solo 412 de los solicitantes han tenido una respuesta positiva a su petición. Y solo los que tramitaron su solicitud el año pasado. Los 241 de este año siguen a la espera, como 870 casos del año pasado.
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Así, en total, en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales se acumulan 1.111 peticiones gijonesas sin respuesta, según los datos que maneja la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Unos números que demuestran que desde Gijón sigue llegando el mayor volumen de peticiones. En 2018, el Principado contabilizó 3.717 solicitudes de esta prestación. El 38%, desde Gijón.
Una proporción que no se mantiene en cuanto a las respuestas. De acuerdo al estadística oficial, que la consejería que dirige Pilar Varela hace pública cada mes, a lo largo del año pasado fueron aprobadas 3.443 peticiones de salario social. Según los datos de los que dispone el Ayuntamiento de Gijón, solo 412 habían sido tramitadas en la ciudad. Una cifra que no llega ni al 12% del total.
Porque, de las 1.443 solicitudes gijonesas tramitadas el año pasado, a la fundación municipal le consta que solo 573 han sido resueltas. La mayoría, 412, de forma positiva, que se han incorporado a la nómina del salario social. Una que a 31 de diciembre incluía a 22.485 asturianos.
Del resto de las peticiones resueltas, 78 recibieron una respuesta negativa, seis se dieron por extinguidas y 59 están en suspensión. De las recibidas en los centros de servicios municipales durante lo que va de año, 241, a los técnicos gijoneses no les consta que hayan pasado aún ningún filtro.
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La estadística oficial dice que, a final de año, eran 767 los expedientes que se acumulaban sin respuesta. Una cifra que bajó a 665 el 21 de febrero, con peticiones pendientes desde el 28 de noviembre pasado.
Los números no cuadran con los que utiliza la Fundación Municipal de Servicios Sociales, quizá debido a que algunas de las resoluciones no hayan sido oficializadas aún. Pero lo que sí evidencia es que el peso de la demora lo sufren las peticiones gijonesas.
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Eso no significa que el Principado no haya batido récord de atención el año pasado. Nunca desde la aprobación de la Ley del Salario Social Básico, que entró en vigor en diciembre de 2005, habían salido de las arcas regionales 124,5 millones para hacer frente a todas las peticiones. Nunca antes había habido 22.491 asturianos, según las cifras cerradas a 21 de febrero, viviendo de esta prestación a la que tienen derecho todas las personas con ingresos inferiores a los 430 euros mensuales.
Según los técnicos de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de cada una de estas nóminas viven 2,2 personas, lo que supone que, en estos momentos, son casi 50.000 las personas que, en esta región, dependen de un ingreso que, como media, se queda en los 500 euros. Casi como toda la población de Siero.
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El salario social es una prestación nacida y financiada exclusivamente por el Gobierno regional y, pese a la prórroga presupuestaria del año pasado, la falta de presupuesto regional nunca ha impedido que se garantizaran todas las pagas que fueran necesarias.
Durante el año pasado, lo hizo el Principado mediante créditos extraordinarios. Pero si las nóminas del salario social se pagaron cada mes, lo cierto es que los problemas en la dotación de personal han generado retrasos en la tramitación. Unos retrasos que no solo afectan a las 665 nuevas solicitudes sin atender que aparecen en el listado de febrero, sino que también a los más de 6.000 expedientes sin revisar.
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Un atasco regional en la gestión de una prestación que llega a quien nada tiene y que palia, en cierta medida, la renta municipal, la paga social implantada por el Ayuntamiento de Gijón y que ha supuesto ventas por más de cinco millones en los comercios adheridos.
Porque, a diferencia del salario social, que es una prestación de libre disposición, los beneficiarios de la renta municipal solo pueden utilizar el dinero, consignado en una tarjeta, en los 302 comercios que han cerrado un acuerdo con el Consistorio.
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