Primera condena por el cierre de la clínica de iDental de Gijón: 23 años de cárcel y multa de 55 millones de euros

Cinco años después de que la clínica iDental de Tremañes cerrase sin previo aviso, dejando a unos 500 asturianos con los tratamientos bucodentales a medias –pero continuando con el pago del crédito suscrito–, la cúpula de la empresa ha sido condenada por la Audiencia Nacional a penas de hasta cinco años de cárcel y unos 55 millones de euros de multa. Es solo una de las piezas de la macrocausa, la del delito contra la Seguridad Social, que ha sentado en el banquillo a los dueños de la empresa entre 2005 y 2017: Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer, y a los posteriores propietarios de la compañía: Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido. A un sexto acusado, el administrador José Luis González, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel como colaborador necesario. En total, las penas de prisión suman los 23 años y medio.

El magistrado considera que desarrollaron «artificios engañosos» para evadir el pago de la deuda que mantenía la compañía con la entidad pública, hasta los 8,5 millones defraudados al Estado. «No consistió en el mero hecho de no pagar, sino que este fin lo consiguieron con una serie de maniobras defraudatorias diseñadas al efecto que dificultaron tanto la labor inspectora como la recaudatoria de la Seguridad Social de modo que, mientras fueron dueños del grupo iDental, la Seguridad Social no pudo cobrar todas las cuotas adeudadas por las entidades del grupo, que a 30 de septiembre de 2017 ascendía a 8.565.486 euros, según los certificados de deuda elaborados por la seguridad social», recoge el fallo.

En los 265 folios de sentencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplica a los seis condenados la atenuante simple de dilaciones indebidas, «teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la incoación de las diligencias previas –la pieza principal se incoó en julio de 2018– y la de esta sentencia».

El denominado 'caso iDental' llegó a juicio después de que el magistrado José de la Mata concluyera de su investigación que la red de clínicas había basado su modelo de negocio «en un gran entramado societario opaco, con organigramas empresariales complejos» y colaborando en «unos casos» con testaferros «para prestar la actividad médico dental mediante la apertura de clínicas y talleres en toda España y en el extranjero».

Dicho entramado empresarial, según el juez instructor, contaba con dos tipos de sociedades: las mercantiles titulares de las clínicas y talleres donde se desarrolla la actividad profesional, y las sociedades interpuestas o pantalla y sus testaferros para «defraudar».

IDental llegó a tener presencia en catorce provincias. En Asturias, abrió su clínica en la avenida de Los Campones, en Gijón. Cuando cerró, sin previo aviso, dejó con los tratamientos a medias a unas 500 personas, alguna de ellas con graves problemas de salud por no haber concluido los tratamientos. Se constituyeron en asociación para emprender las acciones legales, cuyo primer paso fue exigir la paralización de los pagos del préstamo bancario que tuvieron que seguir pagando durante meses.

En esta macrocausa, el mayor escándalo dental en la historia de España, los acusados están pendientes de ser juzgados además por administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública. Cinco años después, el caso iDental sigue coleando.

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