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R. MUÑIZ / M. MORO
GIJÓN.
Domingo, 4 de noviembre 2018, 02:47
El plan de vías cuenta con un convenio en vigor desde el 2 de septiembre de 2002. Aquel día el presidente Vicente Álvarez Areces, el ministro Francisco Álvarez-Cascos y la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso rubricaron un reparto de obligaciones entre las administraciones que heredarían ... sus sucesores. Cierto que el documento recogía un diseño en el que no estaba la prolongación del túnel hasta Cabueñes, ni la estación intermodal en el entorno de Moreda o el Museo del Ferrocarril. Esos vaivenes no mermaron, sin embargo, su eficacia como aún reconoce Gijón al Norte.
Lo acreditan las últimas cuentas formuladas por su consejo de administración, firmadas el 7 de mayo de 2018. En el capítulo de «aspectos críticos de la valoración» de los activos de la sociedad, reflejan que el 11 de julio de 2017 el consejo aprobó las bases y criterios de un nuevo convenio, el que ahora reclaman políticos y asociaciones ciudadanas, el que el Ministerio de Fomento rechaza autorizar hasta que no esté el estudio informativo de la estación intermodal. El anhelado pacto tiene como consecuencia que «sustituirá al convenio actual de fecha 2 de septiembre de 2002», precisan las cuentas de Gijón al Norte. Es decir, en ausencia de nuevo convenio, sigue valiendo el anterior.
Esa particularidad es coherente también con el propio acuerdo de 2002. En uno de sus últimos puntos precisaba que el convenio «tendrá vigencia hasta el cumplimiento de los fines previstos en el mismo», algo que, dieciséis años después, está lejos de haber ocurrido. A falta de un nuevo pacto válido que lo sustituya, las obligaciones jurídicas de Fomento serían al menos las que entonces asumió por escrito.
El documento le «responsabiliza del coste de prolongación de la infraestructura ferroviaria desde El Humedal al área de Viesques, con el consiguiente comienzo de la depresión de esta infraestructura desde el polígono de Moreda» y el resto de obras ferroviarias. El Principado se limita a financiar la estación de autobuses (ahora estimada en 30 millones) y el Ayuntamiento limita su papel a adaptar los planes urbanísticos sin financiar obra alguna.
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