Las plataformas ciudadanas reivindican su intervención «para cambiar las cosas»

Sus luchas se libran principalmente en la calle, haciendo visibles sus reivindicaciones, ganando músculo para lograr un reconocimiento como interlocutores de pleno derecho ante las administraciones públicas. La covid-19 y las restricciones que ha llevado aparejadas han limitado en buena medida su actividad en el último año. Lamentan haber perdido cierta visibilidad, pero no por eso han dejado de defender unas causas que consideran justas ni han cejado en su intención de «hacer cambiar las cosas». Cada uno, en su parcela. Las redes sociales se han convertido en sus aliadas en estos tiempos de pandemia. EL COMERCIO ha reunido a algunas de las plataformas ciudadanas del concejo.

La más joven de las plataformas ciudadanas de Gijón se formó el pasado mes de febrero. Su 'núcleo duro' lo conforman Pilar, Margarita y Marián, tres vecinas de Granda que, ante la «inactividad» de la asociación de vecinos -«nos decían que hasta que no tuviera un proyecto o algo legal no podía hacer nada. Y eso a nosotras nos parecía que era mucho esperar, porque entonces sería más difícil tirarlo abajo»- optaron por dar un paso al frente. Quieren frenar los planes del Principado de abrir este verano en terrenos de esta parroquia rural la que sería la segunda estación de inspección técnica de vehículos del concejo. Así que cada domingo se han concentrado frente a la nave donde se prevé instalar la ITV. También han mantenido reuniones con los grupos políticos en el Ayuntamiento y la Junta General del Principado. Foro, Ciudadanos y Podemos, que apoyan su reivindicación, presentarán el próximo miércoles en el Parlamento asturiano una proposición no de ley (PNL) para suspender el proyecto.

Dice Marián Rendueles que no pueden estar más satisfechos con la repercusión que han conseguido en poco más de un mes en el que la plataforma ha conseguido reunir ante un objetivo común a cerca de cien familias. «Fue la única forma que vimos de luchar, porque unitariamente tampoco sumas nada, pero con la plataforma damos visibilidad al problema de los vecinos de Granda. Igual al final no conseguimos nada, pero el derecho al pataleo no nos lo quitan», subraya antes de lanzar una última advertencia: «Vamos a seguir peleando lo que haga falta».

El 14 de agosto de 2020, organizaron la que fue la primera de muchas acciones de protesta contra las medidas de movilidad adoptadas el pasado verano en el entorno de la avenida de Rufo García Rendueles. Hacía apenas dos meses que la plataforma se había constituido como tal. Ahora ya ha tomado forma jurídica como asociación. Se precisaba ese paso para poder abrir una cuenta en la que recaudar fondos para pleitear contra el Consistorio y su decisión de peatonalizar parte del Muro y de la avenida de El Molinón. Hace cuatro meses recurrieron estas decisiones en el juzgado de lo contencioso-administrativo. Dice su portavoz, Montse Medina, que en este proceso judicial «el Ayuntamiento no ha hecho más que ponernos palos en las ruedas» al demorar constantemente la entrega de la documentación solicitada. Limitados por la pandemia, continúan con la recogida de firmas -llevan unas 15.000- y han iniciado una ronda de contactos con los distintos grupos municipales. «Queremos que nos digan si revertirían la peatonalización del Muro en caso de gobernar o cogobernar y que lo pongan por escrito para que la gente sepa a qué atenerse», subraya Medina.

Nacieron como plataforma en septiembre de 2019 y llevan, de momento, dos objetivos alcanzados, pero se plantean «seguir trabajando para mejorar la ordenanza» de movilidad. El primero de esos «hitos» fue conseguir que el Ayuntamiento mantuviera la bonificación del impuesto de circulación a los vehículos clásicos, aunque para ello hubo que ceder cinco años. Es decir, en lugar de con más de 25, quedaban exentos de la viñeta los vehículos de más de 30. Luego llegó la ordenanza de movilidad, su principal quebradero de cabeza. Mantuvieron reuniones con el equipo de gobierno y con todos los grupos de la oposición, sacaron a las calles sus vehículos -«más de 600, pese a la pandemia»- y recogieron firmas: «23.495 en dos meses. Nos dijeron que nunca se había llegado a esa cantidad por un asunto de ámbito local». Con ello consiguieron una flexibilización de las restricciones de forma que los vehículos que carezcan de distintivo ambiental podrán seguir accediendo al casco urbano a partir de 2026. Tendrán, eso sí, un límite de 2.500 kilómetros al año y no podrán aparcar en superficie. Es algo «que no existe en ninguna otra ciudad de España y probablemente tampoco de Europa».

Dice su portavoz, Iván García, que la que surgió de un grupo de socios del Club Motor Clásico Principado -a la vista de que ninguna asociación ni club de peso tomaba la iniciativa de defender sus intereses- «no es una plataforma al uso. Pretendemos ser muy didácticos. Plantear soluciones a los problemas basándonos en datos y buscando el consenso».

«Nuestra razón de ser es la calle, no los despachos». Lo tiene muy claro José Luis Rodríguez Peón, uno de los impulsores de la plataforma que partió de asociaciones vecinales de la zona oeste de la ciudad y que integra también a colectivos ecologistas. «Estos son los que más en serio se lo toman porque también hay sindicatos y partidos, pero ya es más por postureo. Si realmente quisieran hacer algo por cambiar esta situación, ya lo estarían haciendo», dice convencido. Es la suya una lucha constante y, dice, más necesaria que nunca. «No solo no se mejoró nada en el tema de la contaminación sino que vamos a peor». Al menos, el trabajo realizado durante esta última década, a base de mucha charla y concienciación ciudadana, ha servido «para que la gente se dé cuenta del gran problema que es vivir con la contaminación. Los efectos que esta tiene y las muertes prematuras que provoca». Lo tiene claro: «Nuestra lucha va a seguir».

Al calor del proyecto de integración ferroviaria en la ciudad han surgido dos colectivos. La plataforma por el plan de vías de Gijón -integrada por entidades sociales, políticas y sindicales- y Un pulmón para el solarón, más diversa y centrada en el objetivo de que los terrenos del denominado parque del Tren de la Libertad permanezcan en esencia tal y como están, como un espacio público de disfrute ciudadano, una gran mancha verde en el centro, en lugar de ser vendidos para levantar 400 viviendas. «Con esa idea nació la plataforma y con esa idea seguimos», cuenta Paco Ramos, miembro de Ecologistas en Acción, una de las integrantes. Han presentado alegaciones al plan municipal de urbanización del terreno y conseguido que los grupos de la oposición sacaran adelante en el Pleno una iniciativa para no tocar el 'solarón' hasta fijar el espacio de la estación intermodal. «No queremos que se haga nada que sea irreversible», insiste Ramos ante el nuevo escenario del plan de vías.

Trece años cumplirá esta primavera la plataforma ciudadana contra el muro de Cabueñes, uno de los colectivos más veteranos, que desde hace un par de años preside Cristina Moreno, pero que durante más de una década tuvo como cabeza visible al médico endocrino Francisco Díaz Cadórniga. Su lucha fue intensa, pero tuvo sus frutos. Tras mucho pelear, lograron que del plan urbanístico desaparecieran los bloques de edificios «de hasta seis alturas» -el 'muro' al que alude su nombre- previstos para la parroquia. Pero aún les queda una última batalla que librar: frenar la construcción de un nuevo vial, una conexión directa entre la zona del hospital y el Parque Científico-Tecnológico con el enlace de la autovía A-8 en Deva con dos carriles para cada sentido, pues eso supondría la tala de casi sesenta robles con entre 200 y 400 años con una protección integral total. «De no haber estado aquí la plataforma ya los habrían cortado», cree firmemente Díaz Cadórniga.

Pendientes de lo que resuelva un juez de lo contencioso-administrativo al respecto, de solucionarse el tema «nos disolveríamos, porque la plataforma se creó exclusivamente para luchar contra una barbaridad urbanística y ambiental que se pretendía cometer en esta zona». Si el fallo es contrario a sus intereses, «insistiremos por la vía legal y si no, nos encadenaremos a los árboles, como hizo Tita Cervera», avisan.