El Plan de Movilidad de Gijón plantea que quienes vayan andando al trabajo cobren más

Recuerdan que el proyecto de Ley de Transportes y Movilidad Sostenible del Principado -en tramitación desde abril de 2016- hace referencia a la «recomendación y fomento de la elaboración de planes de movilidad o de transporte» para aquellas empresas que superen los doscientos empleados y sean «centros de gran afluencia de personas», con más de dos mil usuarios diarios habituales. Siguiendo esa línea, plantean que el Ayuntamiento «fomente esta medida, ligándola a la otorgación de la licencia de actividad».

Como punto de inicio, esos planes deberían definir el «perfil de movilidad» de sus empleados, teniendo en cuenta la oferta de los diferentes modos de transporte públicos y privados y cuestiones como la localización de la empresa con respecto a la ciudad, el espacio de aparcamiento existente y los accesos de los que dispone para turismos, peatones y bicicletas. «No es lo mismo una actividad localizada en un polígono industrial, que en la Milla del Conocimiento, que en un entorno aislado o el propio Ayuntamiento, en el casco histórico de la ciudad, ya que parten de condicionantes muy diversos».

Realizado ese análisis preliminar, se pasaría a una fase de sensibilización de la plantilla, diagnóstico de los hábitos de cada trabajador y definición de unos objetivos específicos, como la reducción del uso del vehículo privado en un determinado porcentaje, la disminución de los tiempos de viaje, el ahorro de combustibles y la mejora de la seguridad vial. «Si la intención es reducir la congestión en los accesos, un caso típico de los polígonos industriales, puede fijarse como meta que menos gente acuda a trabajar en coche», pone como ejemplo el Plan de Movilidad.

A partir de ahí, el documento recoge posibles medidas que podrían adoptar las empresas para alcanzar esas metas. La primera sería ofrecer ayudas económicas a los trabajadores para el uso de medios de transporte alternativos al coche particular. «Se propone que el personal que utilice permanentemente el transporte público perciba el pago del transporte anual, siempre y cuando renuncie a la utilización del vehículos privado», plantea. Del mismo modo, recomienda otros incentivos como «compensaciones económicas» para quienes acceden andando a trabajar y ayudas para la compra de bicicletas.

Para fomentar los desplazamientos a pie, se recomienda la mejora de la iluminación en las rutas de acceso, para incrementar la seguridad, y disminuir la presencia de coches estacionados, «abriendo paso a las personas que van caminando mediante un itinerario adecuadamente señalizado». Y para potenciar la movilidad ciclista indica que la propia empresa proporcione bicicletas a sus empleados, sustituir una plaza de aparcamiento para coches por aparcabicicletas y habilitar duchas y taquillas para los ciclistas.

En cuanto a las fórmulas para incentivar el uso del transporte público, además del pago del abono anual, se hace referencia a la necesidad de coordinarse con EMTUSA, el Consorcio de Transporte u otros operadores para adaptar sus horarios a las entradas y salidas del personal, así como facilitar a cada trabajador información adecuada sobre paradas y cobertura de la red de transporte y cuál sería su mejor opción para desplazarse. También se señala como opción la implantación de transportes colectivos por parte de la propia empresa.

Otra recomendación es el fomento del uso compartido de los vehículos particulares. Las empresas deberían contar con un coordinador de transportes que anime a los trabajadores a adscribirse a este sistema y, mediante reuniones con los interesados, proponga emparejamientos de quienes realicen desplazamientos desde un mismo punto, pudiendo sumar a quienes residan en puntos situados a lo largo de su trayecto de casa al trabajo. Mediante un contrato se definiría la fórmula de funcionamiento -gastos compartidos, turnos por días, semanas o meses, etcétera- y la empresa establecería un fondo económico o posibles alternativas para garantizar el regreso al domicilio cuando surjan imprevistos como la enfermedad de alguno de los trabajadores asociados o la avería del vehículo.

La gestión del aparcamiento en el centro de trabajo se destaca, además, como un instrumento «imprescindible y eficaz para racionalizar la movilidad hacia pautas más sostenibles y desanimar el acceso en coche», siempre que estas medidas vayan acompañadas de propuestas alternativas de desplazamiento como las ya señaladas. Entre otras acciones que podrían recoger los planes de movilidad de las empresas el documento municipal plantea destinar las plazas más próximas a la entrada a los vehículos ocupados por dos o más trabajadores o dar plazas preferentes a quienes «se comprometan a traer el vehículo solo uno o dos días por semana».Sugiere además elaborar una bolsa común de plazas de estacionamiento «de forma que quien desee aparcar en ellas abone un precio simbólico anual, de entre 40 y 100 euros», dinero que serviría para afrontar los costes que se deriven del fomento de otras alternativas como el uso del transporte público o las bicicletas.

El plan de movilidad también insta a fomentar el teletrabajo -con ayudas para la compra de mobiliario y acceso a internet-, flexibilizar los horarios de entrada y salida para evitar la congestión en las horas de tráfico más conflictivas y agrupar las horas de trabajo en menos días para reducir desplazamientos.