Los pisos de Peritos se alquilarán a otros colectivos si no hay demanda de jóvenes

Desde la aprobación de los pliegos, los condicionantes de la operación han generado importantes dudas en el sector de la construcción por cuestiones relacionadas con la rentabilidad de la operación, los plazos de obra –la subvención obliga a construir las viviendas en un plazo máximo de 18 meses– e incluso el hecho de que en el mismo lote se incluya una operación similar para levantar otras 44 viviendas en Lugones, obligando a un mismo adjudicatario a asumir ambos proyectos y a fijar para las dos actuaciones el mismo precio de alquiler –con un máximo de 8,85 euros por metro cuadrado–.

Algunas de estas inquietudes de los promotores se convirtieron a lo largo del proceso de licitación en consultas en las que el Principado se ha mostrado abierto a flexibilizar una de las claves del proyecto: la reserva exclusiva de estas viviendas a jóvenes de entre 18 y 35 años cuyos ingresos no quintupliquen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), actualmente fijado en 8.400 euros al año.

En respuesta a una primera pregunta sobre esta cuestión por parte de los potenciales licitantes, la Dirección General de Vivienda del Principado fue rotunda, recordando que según las bases del concurso «las viviendas habrán de destinarse en su totalidad al colectivo detallado en los pliegos». Sin embargo, la insistencia de los promotores llevó ya en el tramo final del proceso a una contestación más extensa y flexible con respecto a «una hipotética falta de demanda de viviendas por este sector poblacional».

Así, «cuando concurran causas como esa, que aconsejen modificar los términos iniciales del contrato», y con la finalidad de garantizar «el equilibrio económico del adjudicatario», ve posible «autorizar el arrendamiento de viviendas a colectivos distintos al señalado», al considerar además «de interés general» que no haya viviendas de alquiler vacías si hay demanda de ellas entre otras personas.