IU pide publicar el impacto económico que tiene la exención del IBI a la Iglesia

«Transparencia en materia de beneficios fiscales». Así se denomina la disposición adicional incluida en el Reglamento de Laicidad de Rivas Vaciamadrid, ejemplo que seguirá Gijón para elaborar su normativa. Esa disposición recoge que el Ayuntamiento «elaborará y hará pública de la manera más detallada posible y con periodicidad anual la información sobre el impacto económico en los ingresos municipales de la exención del pago del IBI y/o otros impuestos y obligaciones fiscales municipales a las propiedades de la Iglesia católica y de todas las confesiones religiosas».

Esto es algo que ya fue propuesto en su momento por IU en Gijón, y rechazado por el anterior equipo de gobierno de Foro Asturias. Ahora, la coalición pondrá esta exigencia sobre la mesa, de nuevo, aprovechando que el reglamento de laicidad forma parte del acuerdo con el PSOE. La coalición llegó a plantear incluso que había que pedir al Estado una compensación económica por no cobrar el IBI a los colegios concertados de la ciudad.

La normativa del municipio madrileño incluye también la elaboración y publicación de un censo de las propiedades «que figuren inscritas a favor de la iglesia católica mediante el sistema de inmatriculación». Así como la creación de una Oficina Municipal de Defensa de la Libertad de Conciencia, «como departamento especializado, adscrito a la Alcaldía-Presidencia o al servicio en el que ésta lo delegue».

Allí, dicha oficina tiene por objetivo «velar por el seguimiento, vigilancia y cumplimiento» del propio reglamento, «promover la laicidad, la libertad de conciencia y el pluralismo moral en la sociedad local y difundir los cauces a través de los cuales la ciudadanía pueda defender sus intereses en este ámbito».

Muchas de estas cuestiones estaban recogidas en el programa electoral de IU, que aboga por «no ceder suelo ni equipamiento de titularidad pública a ninguna confesión religiosa para la construcción de edificios o monumentos ni para su uso privativo». Así como «prohibir la participación de cargos públicos y funcionarios, en su calidad de tal, en ceremonias, ritos, actos o celebraciones religiosas».

Muchas de esas cuestiones estarán recogidas en la nueva normativa gijonesa, en la que se pondrán a trabajar ambas formaciones.