Las investigaciones policiales apuntan a que la pareja acusada de estafar 85.000 euros al Gobierno de Ibiza eran los miembros del escalafón más bajo de una organización criminal que operaba a nivel nacional.
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El juicio se celebró ayer en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Según explicó una de las empleadas de la oficina bancaria que declaró como testigo, la pareja –ella bielorusa y él asturiano– abrieron en mayo de 2018 una cuenta bancaria a nombre de una empresa. Durante varios meses no tuvieron actividad ninguna en la cuenta, tan solo una transferencia por importe de dos euros, hasta que en agosto de 2018 recibieron tres facturas consecutivas por valor de 85.000 euros.
La tesorera del Gobierno de Ibiza declaró por videocoferencia y apuntó que se había suplantado la identidad de la UTE concesionaria de los trabajos, enviando documentación falsificada y solicitando el cambio del número de cuenta. «Todo tenía apariencia de normalidad en la documentación que pedimos por correo postal, nos enteramos del engaño cuando la empresa perjudicada llamó para decirnos que no había cobrado y fue cuando se destapó todo», explicó.
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