Los parapentistas llevan su guerra al Defensor del Pueblo

Debería ser fácil decirlo para una administración, pero durante cuatro años Ayuntamiento y Principado han gestionado denuncias de una manera tal que el Defensor del Pueblo acaba de verse en la obligación de intervenir para reprenderles. En marzo el organismo que preside Francisco Fernández Muguruza dirigió una carta a la Consejería de Infraestructuras sugiriéndole «realizar una inspección y las comprobaciones precisas para constatar de forma concluyente si la parcela» de la polémica «se ubica en zona de servidumbre de protección o en zona de protección de costas». Solo así, razona, se puede aclarar el tipo de sanción y permiso que procede al asunto.

Al Defensor hay cosas que no le cuadran. El consistorio dijo que antes de cerrar la finca el dueño había logrado una licencia municipal. Los técnicos locales abrieron luego expediente sancionador al comprobar que las estacas las había colocado de forma que vulneraba esa licencia. Al retirar los palos se archivó la sanción, algo que el organismo con sede en Madrid considera un error: «El cumplimiento voluntario por parte del presunto infractor puede ser una circunstancia atenuante de la responsabilidad pero no una eximente, de manera que el procedimiento debería haberse resuelto con imposición de una sanción» si se acreditaba que había vulnerado la licencia.

El Defensor del Pueblo señala que en sus comunicaciones con el Ayuntamiento se le aludía a dos procedimientos iniciados en 2017 y 2019 «que aún no parece haber resuelto» y que estarían pendientes de informes. «Es significativo que el Ayuntamiento no haya acreditado si en la actualidad el cierre de la parcela cumple las condiciones impuestas en dicha licencia (de la que no ha remitido una copia, como esta institución le pidió)», lamenta el informe del Defensor del Pueblo.

El consistorio no estaría haciendo sus deberes y mismo reproche le hace a la consejería. En 2018 abrió un expediente sobre la posible licencia que debía otorgar a la parcela. «Las actuaciones se archivaron por no remitir el Ayuntamiento el informe solicitado por la consejería sobre la ubicación exacta del cierre y de la zona dedicada a parapente y copia de la licencia», recuerda. «Esta institución no encuentra que la decisión de archivo esté justificada pues no se explican las razones por las que esta consejería no comprobó por sí misma, y de forma concluyente» si el cierre de la parcela está en zona de dominio público o no.

La pelota se ha ido pasando entre departamentos con obligación de velar por la legalidad. El Defensor ve que los informes de la consejería caen en «contradicciones» al ubicar la parcela con una web ministerial cuya cartografía «puede no ser lo suficientemente precisa».

Recuerda que la normativa autonómica le obliga a dar algún tipo de licencia a la parcela que aún sigue sin tramitar. También le recrimina que no diera traslado de las denuncias a la Consejería de Cultura para que comprobase si el parapente que se hace en la parcela cumple las exigencias del decreto de Turismo Activo.