La Olaf dice que la ampliación de El Musel «es un caso claro de fraude» y conflicto de intereses

Los investigadores comunitarios (José Manuel Mata, Artur Domingos y Esteban Castro) se ratificaron en su conclusión de la existencia de fraude y conflicto de intereses, mientras que los de PWC (Ángel Muñoz y Dolores Checa) justificaron tanto los contratos como los precios, el control de los camiones con material pétreo a la obra del puerto y la liquidación de los trabajos. Es más, apuntaron que solo con el material de cantera la UTE preveía tener un beneficio de 25 millones de euros y al final perdió 13,6, con un resultado final total de unos números rojos de 63,5 millones.

Artur Domingos fue uno de los inspectores más beligerantes, pues aseguró la existencia de un conflicto de intereses al ser SATO propietaria de parte de la cantera de Aboño que se explotó para la obra. «Nunca habíamos visto que uno de los contratantes haya jugado en los dos lados», indicó al referirse a las negociaciones de la UTE Dique Torres con HC para establecer los precios de los áridos. Ese conflicto de intereses fue ratificado por su compañero José Manuel Mata, jefe del equipo. Domingos añadió que, aunque no les fue facilitado el acceso a las cuentas de la UTE para poder comparar datos, «es claro que hay un caso de fraude», en relación con el modificado que establecía precios nuevos que ya se habrían abonado antes de ser aprobados.

Los inspectores de la Olaf también se ratificaron en la existencia de 88.000 transportes de material en camión que estaban duplicados, con lo que se habrían inflado las cantidades y tampoco consideran creíbles muchos pesajes efectuados en el puerto, ya que «a veces estaban en miligramos. Esto no tiene credibilidad ninguna», dijo el portugués.

Su compañero José Manuel Mata también habló de la ilegalidad del contrato de la asistencia técnica con la UTE Cabo Peñas, pues fue facturado dentro de la obra, aplicando los tantos por cientos de gastos generales y beneficio industrial, lo que sería ilegal y se tendría que haber hecho por separado.

Los peritos de Price Waterhouse Cooper -Ángel Muñoz y Dolores Checa- rebatieron todos los argumentos e indicaron que sus dos informes sí contaban con los datos económicos aportados por la UTE. Rechazaron que hubiera transportes duplicados -«se pesó el 99% de los camiones», dijo Muñoz-, ni connivencia de precios con las canteras. Es más, recordó que la UTE perdió con esta obra 63,5 millones de euros.

La conclusión de PWC es que «analizamos las cuestiones que la Olaf determinó irregulares, vimos que no lo eran y así consta en la documentación», aseguró Muñoz.

Los magistrados también hicieron preguntas a los investigadores de la Olaf y les preguntaron que si hubieran dispuesto de toda la información económica su conclusión podría haber sido otra. Domingos dijo que «creo que podríamos haber llegado a otras conclusiones, sí».