La obra de Tabacalera, que acumula tres años de retraso, ya ha costado 5,5 millones de euros

Tres décadas le ha costado al Ayuntamiento centrar el tiro sobre los usos que debe tener el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos de Cimavilla. Un inmueble cuyos trabajos de consolidación han costado a las arcas municipales 4,5 millones de euros, en unas obras que finalizaron con tres años de retraso sobre el plazo previsto, y al que para su transformación en el nuevo Tabacalera Espacio de Cultura Contemporánea (TECC) aún le quedan dos años y medio de reforma que empezarán a contar en 2021 y supondrán una inversión adicional de 20 millones de euros.

En 1990, cuando la actividad tabaquera aún estaba en marcha la empresa estudiaba su traslado a Porceyo, el entonces alcalde, Vicente Álvarez Areces, acordó con el Ministerio de Educación y Ciencia que cuando la fábrica abandonara el barrio alto el edificio fuera remodelado para su uso como «centro de educación permanente». Se miraba como horizonte para el inicio de esas obras a 1992, llegando a fijar en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) la inversión necesaria para la adecuación al uso pretendido, que incluía el traslado a Cimavilla de las aulas del colegio público Jovellanos y de parte del colegio Cabrales. El proyecto nunca se llevó a cabo, pues Tabacalera renunció a trasladarse a Porceyo y seguiría en Cimavilla doce años más, hasta su marcha de Gijón en 2002.

Cuando se produjo el cierre, sobre la mesa se había puesto ya por parte del Gobierno central una propuesta muy diferente, transformar las instalaciones fabriles en un gran edificio judicial, con la intención de que tuvieran cabida en él la Audiencia Provincial y los juzgados de lo Civil. Pero en 2004 la alcaldesa, entonces Paz Fernández Felgueroso, manifestó la intención del Ayuntamiento de que el inmueble pasara a ser de propiedad municipal e inició las negociaciones oportunas para ello, teniendo en cuenta además que el Ministerio de Justicia empezaba a mostrarse más favorable a una sede en el centro que en lo alto del barrio de Cimavilla. Llegó a estudiarse la posibilidad de un intercambio por el cual el Ayuntamiento iría a la antigua fábrica de tabacos a cambio de ceder para juzgados la Casa Rosada. Pero finalmente el acuerdo que se alcanzó fue una permuta en la que el edificio pasaba a ser propiedad municipal y el Estado recibía del Ayuntamiento la parcela de la Bohemia en la que hoy se ubica el Palacio de Justicia.

La operación se firmó en 2005. Y ya entonces se empezaban a pergeñar ideas para darle un uso cultural, aunque sin definición clara. Se hablaba de una gran pinacoteca como complemento al Museo Casa Natal de Jovellanos, de un espacio dedicado a Chillida, de ubicar allí la hemeroteca... Y en definitiva, de un Museo de Gijón en cuyo contenido no acababan de ponerse de acuerdo los diferentes grupos municipales. En paralelo a esos debates, arrancaban unos trabajos arqueológicos que se consideraban de trámite, sin expectativas de lograr grandes hallazgos, pero que acabaron desenterrando entre otros restos un aljibe romano que habría que integrar en la propuesta definitiva.

En 2010 se convocó un concurso arquitectónico de ideas para la reforma del edificio, que debía servir para reordenar las colecciones artísticas municipales, interpretar la historia social y cultural de Gijón, y recuperar su memoria industrial y obrera. Habría una muestra permanente de arte rodeando el claustro, además de un centro de de documentación y biblioteca para investigadores. Además debía construirse un edificio complementario que se planteaba como nueva sede para la colección del Museo Piñole y espacio para exposiciones temporales. Resultó ganador el diseño presentado por los arquitectos Carlos Pereda, Óscar Pérez, Ignacio Olite y Román Villasana. Se le encargó ese mismo año por 967.000 euros la redacción del proyecto de ejecución, que fue presentado finalmente en 2012.

En 2015 se adjudicaron por 3,8 millones de euros unas obras de consolidación que debían entregarse en un plazo de 15 meses que empezó a contar en mayo de 2016, pero que se prolongaron hasta el pasado mes de julio. Entremedias, varios parones relacionados con los trabajos arqueológicos e incluso con el estado de alarma decretado en marzo -que dificultó el acopio de materiales- y un modificado que sumó al precio inicial otros 450.000 euros.

Mientras se ejecutaban estos trabajos, continuaban los vaivenes en torno a los usos. Bajo la Alcaldía de Carmen Moriyón se abrió un proceso participativo y se llegó a presentar una propuesta que renunciaba a la pinacoteca y creaba un espacio para vivero de empresas del sector creativo y cultural y un centro cultural para el barrio, al tiempo que contemplaba el traslado al edificio de la sede del FICX. Esto último se mantiene en el proyecto que defiende el actual equipo de gobierno, que también lleva allí Fetén, crea una zona joven, espacios específicos para la música y un espacio escénico en la antigua iglesia.