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IVÁN VILLAR
GIJÓN.
Jueves, 3 de agosto 2017, 01:53
«No vamos a construir un mastodonte. Jugaremos con los volúmenes máximos que se han aprobado en el plan especial, pero lo que viene en los planos no implica que desde el punto de vista arquitectónico no podamos hacer algo más grácil y airoso. Los ... primeros interesados en respetar una cierta estética para la zona somos nosotros». Los promotores del complejo comercial y de ocio proyectado en la Ería del Piles, que tras doce años de tramitación y polémicas logró el martes el visto bueno definitivo del Pleno, aseguran que el desarrollo previsto para esta zona estará muy alejado del «mamotreto» que auguran los más críticos con esta actuación, entre ellos Xixón Sí Puede, partido que junto a IU se opuso anteayer a la aprobación del plan especial que amparará la urbanización de este espacio. «El tamaño efectivo será sensiblemente inferior al grafiado en el planeamiento de desarrollo», apunta el arquitecto Antonio Fernández Morán.
Según la empresa Astur Promotora, la construcción principal, que abarcará el frente marítimo de José García Bernardo que hoy ocupan el local de Tostadero Playa y el aparcamiento del Bellavista, no dará la sensación de ser «un frontón». Aunque funcionará como un único edificio, «conectado por todas partes para cumplir con la normativa sobre centros comerciales», a efectos de impacto visual estará fragmentado en cuatro volúmenes de un máximo de tres plantas cada uno, entre los que habrá «pasajes transversales» que conectarán el paseo marítimo con los espacios libres de uso público previstos en su parte trasera, «incluyendo amplias zonas de soportal». Además, la planta baja «se retrasará más de veinte metros del acerado, ampliando el paseo marítimo en un uso público». También se evitará que la edificación ofrezca «una imagen continua y rígida» recurriendo para ello a un diseño «con fachadas quebradas y retranqueos de sus frentes acristalados, retrasándolos respecto de la envolvente perimetral, lo que producirá profundas y discontinuas áreas de sombras».
A espaldas de esta construcción principal se mantendrán las tres viviendas unifamiliares de los propietarios que rechazaron vender su terreno y se reservará una parcela de 1.400 metros cuadrados para un equipamiento aún por definir. El centro comercial tendrá un vial perimetral que aprovechará parte del actual trazado del camín de los Olmos y contará con medio centenar de estacionamientos en superficie en el tramo que irá desde el local de Pura Vida a la parte trasera del aparcamiento de las Terrazas del Pery. Estas plazas se sumarán a las que se habiliten en el aparcamiento subterráneo previsto en el complejo.
La ordenación aprobada el martes en el Pleno contempla otras dos construcciones, también de una altura máxima de bajo más dos plantas pero de un volumen más contenido, que como la anterior podrá dedicarse a usos terciarios, desde oficinas y comercios a hoteles. Se ubicarán a ambos lados del inicio de la carretera de La Providencia. La circulación entre este vial, el que rodeará el centro comercial y la carretera de Somió se regulará mediante una gran rotonda que se ubicará aproximadamente frente a las instalaciones del Centro Especial de Empleo Apta. En torno a esta glorieta se reservan dos parcelas, que suman algo más de 3.000 metros cuadrados, para zonas verdes.
Tras el acuerdo plenario, empieza a contar un calendario que según la promotora podría permitir el inicio de las obras dentro de diez o doce meses. Esta estimación sitúa los primeros movimientos de tierras en el verano de 2018. La previsión es que la construcción del edificio principal lleve entre un año y medio y dos años, por lo que el centro comercial podría estar listo a lo largo de 2020.
Antes de poder iniciar esos trabajos, quedan por delante varios trámites urbanísticos, algunos de los cuales se pueden desarrollar en paralelo. Por un lado está la redacción del proyecto de actuación, en el que se concretará el diseño del complejo. Su presentación y aprobación inicial puede llevar un mes, tras lo cual habrá otro mes de exposición pública, y otro para el estudio de las alegaciones antes de su aprobación definitiva, que podría llegar a finales de año o principios de 2019.
Por otro lado está la constitución de la junta de compensación, para lo que se estima un plazo de dos meses, uno para la incorporación a la misma de los propietarios de terrenos dentro del ámbito y otro para el otorgamiento de la escritura pública, la notificación al Registro de la Propiedad y la obtención del CIF. Una vez constituida, se prevé un mes para la presentación y aprobación inicial del proyecto de compensación, esto es, el reparto de espacios y cargas entre sus miembros en función del porcentaje de terreno del que son propietarios. El documento deberá someterse también a una exposición pública de un mes, y pasará otro más hasta que se emita el informe de alegaciones. Tres después se espera contar con la aprobación definitiva. En paralelo se tramitará el proyecto de urbanización. Su redacción y aprobación inicial puede llevar unos dos meses. Después estará veinte días en información pública y dos meses más tarde estaríamos ante su aprobación definitiva.
La junta de compensación podría recurrir a la expropiación del suelo de las tres viviendas unifamiliares previstas en el ámbito si sus dueños renuncian a incorporarse a la misma o si, una vez adheridos, no se hacen cargo de los costes de urbanización que les corresponda afrontar en razón al porcentaje que representan sus propiedades sobre la totalidad del ámbito. En concreto, la junta debe correr con los gastos de redacción y tramitación de todos los documentos de planeamiento y gestión urbanística que se elaboren en los próximos meses, así como con el coste de las obras de urbanización y el de las indemnizaciones que se deriven de la actuación. También tendrá que compensar al Ayuntamiento por la edificabilidad generada por las propiedades municipales incluidas en el ámbito.
Como garantía del cumplimiento de sus compromisos, la junta de compensación tendrá que aportar una fianza equivalente al 6% de los costes de urbanización (93.000 euros) en un plazo máximo de un mes desde que se le notifique la aprobación definitiva del plan especial. De no hacerlo, el acuerdo del Pleno no se publicará en el BOPA. También tendrá que presentar una fianza complementaria por una cuantía equivalente al coste de ejecución material de la urbanización antes de un mes desde la aprobación definitiva del proyecto de compensación.
Los propietarios de los tres chalés consideran que el plan especial se ha aprobado «sin las debidas garantías de solvencia» por parte de Astur Promotora, actualmente en concurso de acreedores, por lo que prevén impugnar el acuerdo plenario. «La empresa tiene deudas con diversos acreedores y con las distintas administraciones públicas, entre ellas el propio Ayuntamiento de Gijón, por más de cien millones», señaló su portavoz, Julio Quirós.
Por su parte, una vez superado el trámite del Pleno, la promotora reiniciará de inmediato los contactos para la comercialización de los diferentes espacios que resulten del desarrollo de estos espacios. Según asegura la empresa, muchas marcas, entre ellas «firmas europeas del sector textil», han mantenido su interés durante todo este tiempo, pese a los obstáculos con los que se ha encontrado el proyecto.
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