OLAYA SUÁREZ
GIJÓN.
Miércoles, 10 de marzo 2021, 02:01
La problemática no es nueva, únicamente va cambiando de escenario. Y desde el pasado verano, cuando entró en funcionamiento la línea regular de contenedores con Liverpool, el puerto de Gijón se ha visto afectado por lo que en otros, como el de Santander ... o Bilbao, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza en los últimos cuatro años. El Musel, junto con el puerto de Avilés, es a día de hoy una de las principales vías de acceso de ciudadanos procedentes de Albania para llegar como polizones en barcos mercantes hasta Reino Unido. La tierra prometida para cientos de albaneses, que no dudan en poner en riesgo de su propia vida para conseguirlo.
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En la inmensa mayoría de los casos, las mafias albanesas están detrás de esta práctica ilegal que ha motivado que la Autoridad Portuaria de Gijón haya aprobado recientemente la construcción de un cierre perimetral en El Musel, de tres metros de altura con sensores, medidas antitrepaje y antisabotaje. Pretende de esta forma blindar el recinto portuario a los continuos intentos de intrusiones para colarse en los barcos antes de zarpar.
Fue a raíz del desmantelamiento en 2016 del campamento de migrantes de Calais, en Francia, cuando las mafias de Albania desviaron sus canales de circulación de tráfico de personas hasta el norte de España. Aquel año, la National Strategic Assesment of Serious and Organised Crime apuntaba que la mafia de ese país había desplazado a los grupos criminales turcos en el control de la cocaína en Reino Unido. Al calor del tráfico de drogas nacieron cientos de negocios para blanquear el dinero procedente del narcotráfico para los que se necesita mano de obra que es, precisamente, la que aportarán los polizones que a toda costa quieren llegar a Inglaterra, Escocia o Irlanda. En Reino Unido trabajarán, de forma irregular, en bares, tintorerías, tiendas de comestible... Las mafias han expandido sus tentáculos en un intento por legalizar el dinero de la droga y para ello se valen de compatriotas, entre los que impera la 'omertá', la ley del silencio.
El perfil de polizón es prácticamente el mismo: un hombre de entre 16 y 35 años, originario casi siempre de las provincias del norte de Albania y con vínculos familiares o de amistad entre ellos. Opera el efecto llamada y también las indicaciones para que el plan salga bien: sobre todo, perseverancia. Porque los polizones suelen hacer numerosos intentos, hasta que alguno consigue colarse en el barco, entre los contenedores o incluso dentro de ellos.
Esperan durante días en las inmediaciones y durante la noche intentan colarse, sobre todo en la terminal de contenedores. Desde allí tratan de entrar a los buques y esconderse en las bodegas o directamente en los despósitos de mercancía.
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En puertos como los de Bilbao o Santander incluso los transportistas se han visto obligados a tomar medidas de seguridad, evitando detener sus vehículos cerca de los recintos portuarios o incluso en estaciones de servicio a kilómetros de distancia que los polizones tienen controladas para colarse en los contenedores.
En Asturias aún no se han detectado esas prácticas, si bien cada vez las medidas de control son más exhaustivas. No solo de las fuerzas de seguridad, también por parte de la tripulación del barco, que antes de salir revisa de forma minuciosa el buque para descartar la presencia de polizones. De localizar alguno antes de zarpar, se da aviso a la Policía Nacional, que los traslada a la Comisaría para su identificación y propuesta para sanción. Son puestos en libertad y vuelven a intentarlo prácticamente en el siguiente barco, siempre con una mochila en la que llevan los víveres necesarios para subsistir los días que dura la travesía hasta Reino Unido.
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De ser sorprendidos en altamar, los gastos de la repatriación, a lo que se suma los aproximadamente los 2.000 euros de multa y la pérdida de la mercancía en el lugar en el que se esconden, corren a cargo de la empresa armadora del barco. Desde el verano, solo en Gijón se han detectado un centenar de intentos de intrusiones, todavía una cifra posible de controlar frente a los más de 17.000 que sufrió Bilbao en 2018.
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