El Musel deberá explicar ante el Tribunal de Cuentas el sobrecoste de la obra

Margarita Mariscal de Gante, titular del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, ha decidido dar curso a la petición de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal para llevar adelante un procedimiento de reintegro de alcance, a la vista del resultado del 'Informe de fiscalización de la ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón del proyecto de ampliación del Puerto de Gijón, ejercicios 2012 y2013'. El objetivo es la exigencia de una posible responsabilidad contable en la que hayan podido caer los responsables portuarios.

Mariscal de Gante habla en su auto de «presuntas irregularidades reflejadas en el informe de fiscalización». Además, aunque el acta de liquidación provisional de la obra «concluía en la inexistencia de un daño evaluable a los fondos públicos», tanto Abogacía del Estado como Fiscalía no lo vieron así, por lo que solicitaron continuar con el procedimiento al entender que «existen indicios de responsabilidad contable en los hechos que dieron lugar a la tramitación de las actuaciones previas». Por su lado, el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, había solicitado el archivo de estas actuaciones en el Tribunal de Cuentas.

A partir de ahora, el presidente del Puerto de Gijón deberá comparecer ante dicho tribunal en el plazo de nueve días para explicar las posibles irregularidades contables detectadas en la facturación de la obra de ampliación del puerto de El Musel.

Fue el propio fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, quien a mediados del año pasado emitió un escrito en el que vio esos indicios de responsabilidad contable. El caso es que el informe de fiscalización apuntó varios problemas, partiendo de que «el director de la obra de ampliación, que era el director de la Autoridad Portuaria de Gijón, acordó con la UTE incrementar los precios de los materiales sin haber instrumentado expediente de modificación de contrato y de aumento de gasto». El documento explica que se pagó a la UTE «por los aumentos en los precios de las unidades de obra los materiales provenientes de las canteras por un importe adicional de 63,8 millones de euros».

Hay que tener en cuenta que, según el informe de fiscalización, del sobreprecio de 142,4 millones de euros pagado por la Autoridad Portuaria de Gijón por el modificado del proyecto de ampliación, 132,9, «el 93%, se debieron a los incrementos y/o suplementos de los precios de los materiales procedentes de las canteras».

También fueron detectadas disparidades en los números de la contratación de una asistencia técnica a la dirección de obra, en la que «el presupuesto de licitación para este contrato fue superior en 1,3 millones al que resultaba de las partidas incluidas en el presupuesto». Pero es que también abonó a la UTE un 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial, lo que hizo que el Puerto «abonase un adicional sobre las facturas de la asistencia técnica de 2,3 millones de euros». Algo parecido ocurrió con el capítulo de seguridad y salud, que de un presupuesto de 951.000 euros el Puerto pagó, finalmente, 1,4 millones de euros.

Por otro lado, se hizo un convenio con la Fundación Empresa Universidad de Granada para realizar ensayos sobre una maqueta de la ampliación. La UTE pago 652.000 euros a la fundación, pero cobró 776.000 euros al Puerto, después de añadir el 19% de gastos generales y beneficio industrial, «beneficiándose la UTE en 124.000 euros en su condición de intermediario en los pagos». Pero es que la modificación del proyecto de ampliación elevó también otros pagos.

El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (Ocan), que está personado en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades de la obra de El Musel, indica que la actuación del Tribunal de Cuentas «viene a demostrar que podemos encontrarnos ante un caso de malversación de fondos públicos». Así lo indica su presidente, José Ángel Gayol, quien apunta que este tribunal «insiste en que hay muchas irregularidades y situaciones que requieren ser aclaradas». En su opinión, «no puede ser que se pague a un contratista conforme a precios que se van a pagar en el futuro».