El Muro se atasca en los despachos

955 días han transcurrido desde que a finales de abril de 2020 el Ayuntamiento decidió cerrar al tráfico, entre Menéndez Pelayo y los Jardines del Náutico, el carril del Muro más próximo al paseo peatonal. Una decisión que se prometía provisional, adoptada en plena desescalada del primer estado de alarma por la covid y en base a unas directrices sanitarias que instaban a garantizar también en la vía pública una distancia interpersonal de al menos un metro y medio de distancia. Pero que se convirtió además en punto de partida de una de las principales cuestiones de confrontación política del mandato -proceso judicial incluido-, que encara 2023 aún con más dudas que certezas.

Tan solo una semana después de haber cortado ese primer tramo del Muro, el Ayuntamiento amplió la peatonalización hasta el inicio de Rufo García Rendueles en la avenida de Castilla, suprimiendo de facto la circulación hacia el centro urbano por el litoral y forzando el uso de alternativas como la avenida de la Costa. Y un mes más tarde, argumentando los problemas de convivencia que causaba entre peatones y ciclistas la presencia del carril bici entre el paseo tradicional y la parte de la calzada que había sido peatonalizada, se puso ya sobre la mesa la necesidad de ejecutar obras, para mover las bicicletas al otro lado de la mediana a costa de reducir el tráfico que circulaba en sentido hacia el Piles a un solo carril.

Fue, en pleno verano, el nacimiento del 'cascayu', que empezaba a pasar de una medida sanitaria a otra con trasfondo medioambiental y de transformación del modelo de movilidad de la ciudad. Las dudas en torno a su provisionalidad y el impacto que causaba sobre el tráfico motivaron el nacimiento y acción judicial de la plataforma 'Stop Muro', nacida con el objetivo de revertir ese cierre. Y en paralelo el debate en torno a la necesidad de abordar una transformación más profunda de la zona, y con vocación de permanencia, llevó al Consejo Social a acordar en octubre de 2020 la creación de una comisión de trabajo con políticos, vecinos, sindicatos y empresarios, bajo la presidencia del Colegio de Arquitectos.

Un año pasó hasta que se consensuó un documento en el que todos coincidían en la necesidad de acometer una actuación integral que incluyera como actuación prioritaria la transformación de la acera situada del lado de los edificios, creara nuevos espacios estanciales y mejorara el servicio de transporte pública y la calidad urbana del Centro y La Arena. Y si bien dejó claro que «una amplia mayoría considera que debe reducirse el tráfico, descartando soluciones soterradas», el documento de conclusiones de esa comisión también plasmó negro sobre blanco el desacuerdo entre quienes defendían mantener un único carril de circulación o uno en cada sentido.

Sobre la base de ese acuerdo discorde, este año el gobierno municipal presentó una propuesta de reforma en la que la que el 'cascayu' pasaba a convertirse en una gran zona verde lineal en paralelo al paseo, se creaban nuevas áreas de juego, estancia y actividad deportiva, se ampliaba el espacio peatonal junto a los edificios y la calzada se sustituía por una plataforma única sobre la que sería posible, según lo que se decidiera en cada momento, tanto el sentido único como el doble sentido. La propuesta se plasmó en un anteproyecto y se empezó a debatir con vecinos, hosteleros y comerciantes.

Pero, en paralelo, seguía avanzando la vía judicial. En abril un juzgado dio la razón a 'Stop Muro' y pidió reponer el tráfico en el 'cascayu'. Y aunque el Ayuntamiento recurrió ante el TSJA -que aún no ha fallado al respecto-, a petición de la misma plataforma, que tuvo que recolectar fondos para pagar una fianza, el juez obligó a la ejecución inmediata de la obra, lo que en julio se tradujo en el regreso de los coches a esa parte de la calzada. El carril bici se mantuvo junto a la mediana -entre los dos sentidos del tráfico- y se dejó una pequeña zona peatonal anexa al paseo.

Consciente de la necesidad de garantizar jurídicamente cualquier futura reforma, el gobierno decidió finalmente tramitar una modificación del Plan Especial del Muro de 2002 antes de iniciar su ambiciosa obra de transformación. Sin embargo, aún no ha logrado encontrar una empresa que se haga cargo de ese cambio urbanístico: el concurso convocado para adjudicar el contrato no recibió ninguna oferta, y tampoco ha sido posible hasta ahora optar por una adjudicación más directa. Aprobar la nueva ordenación antes del final del mandato se considera ya tarea imposible -de hecho la oposición pide renunciar a ella y dejarlo en manos de la próxima Corporación, sin imponerle unos criterios concretos para la reforma- y en 2023 el escaso margen para hacer inversiones ni siquiera permitirá afrontar obras en el tramo que va del puente del Piles a El Rinconín, a pesar de que no está afectado por el plan especial.