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OLAYA SUÁREZ
GIJÓN.
Miércoles, 12 de septiembre 2018, 02:16
El hombre acusado de telefonear 2.500 veces a los servicios de emergencia del 112 llegó ayer a un acuerdo con la fiscal en el que reconoció los cargos que pesaban contra él y aceptó una condena que le obliga a pagar una multa que ... asciende a 2.800 euros. El juicio se celebró en el juzgado de lo Penal número 1.
El procesado tiene diagnosticado un trastorno de la personalidad. Tal y como explicaba el ministerio fiscal en su escrito de acusación, desde el 1 de enero de 2017 al 17 de mayo efectuó 2.546 llamadas al 112, de las que 1.242 fueron catalogadas como de emergencia. Los días de mayor actividad fueron el 15 de mayo de 2017, con 219 llamadas, y el 16 de mayo de 2017, con 278 llamadas.
«Todas esas llamadas las realizó el acusado con la única intención de incordiar, molestar y perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos», sostenía la acusación pública. «El acusado fue informado reiteradamente y hasta la saciedad cuando efectuaba las llamadas de que dicho proceder era incorrecto y pese a estar diagnosticado de trastorno de la personalidad, conserva plenas sus facultades intelectivas y volitivas», añade la fiscal, que consideraba los hechos como constitutivos de un delito de desórdenes públicos continuados y solicitaba inicialmente el abono de una multa que ascendía a 7.000 euros.
«El día 2 de mayo de 2017 sobre las 16.30 horas, realizó una llamada al servicio de urgencias del Hospital de Jove, centro hospitalario en el que ha sido atendido en ocasiones previas como paciente con patología psiquiátrica, diciendo que se encontraba muy mal, que no quería ir al hospital y que se iba a suicidar», apuntaba la fiscalía. Ante esta advertencia de suicidio, desde el hospital llamaron al 112, quien derivó la llamada a la Policía Nacional para que se desplazaran rápidamente efectivos al domicilio que constaba en la historia clínica del acusado. Los agentes lograron acceder al piso con la ayuda de los bomberos y comprobaron que estaba vacío y que incluso se encontraba a la venta. Posteriormente comprobaron que el acusado ya no vivía allí porque había sido desahuciado.
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