Multa millonaria y cárcel para el brazo gijonés de la mafia china 'Bang de Fujian'

Tres de los procesados aceptaron conmutar la pena privativa de libertad por la expulsión de España. El cuarto implicado, el cabecilla de la trama, pidió poder cumplir la condena en Asturias, un extremo que será determinado por el juzgado. Han sido condenados por un delito contra la salud pública, otro de pertenencia a grupo criminal y un tercer delito de defraudación de fluidos eléctricas.

Habían acondicionado dos naves industriales de los polígonos de Promosa y Bankunión II, en Tremañes, para crear auténticas fábricas de marihuana para exportar desde Gijón a distintos países de Europa. «Realizaban labores de cultivo, procesamiento, pesaje y empaquetado en dos plantaciones de marihuana, actividad para la que se habían concertado todos ellos y cuyo destino último era la comercialización y distribución de cannabis a gran escala», señalaba el ministerio fiscal en su escrito de acusación.

Tres de los ciudadanos chinos residían «en condiciones de semiesclavitud» en las naves. Eran los conocidos como 'jardineros', los encargados de vigilar las cosechas de marihuana las 24 horas del día, el nivel más bajo de la organización y cuya tarea era la de permanecer en el interior de las naves con el fin de controlar y gestionar el correcto cultivo. Recolectaban cada mes para enviar a países de Europa del Norte, la mayoría a Reino Unido, por carretera en furgonetas.

La primera fase de la 'operación Cathay' desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional se saldó con los cuatro detenidos y el decomiso de 160 kilos de cogollos de marihuana, además de 3.000 plantas aprehendidas.

El cabecilla de ese eslabón de la organización vivía en un ático en el Náutico, donde también los policías encontraron evidencias del tráfico de drogas.

Las complejas instalaciones que habían construido estaban enganchadas de forma ilegal a la canalización de la Empresa Municipal de Agua (EMA) y a una empresa de suministro eléctrico. A la primera defraudaron 13.072 euros y a la segunda, 14.461 euros, importes ambos que ahora están condenados a abonar. Tenían instaladas más de 300 lámparas tipo gaviota y unos 50 ventiladores.

«Los miembros de la organización criminal conseguían recolectar cosechas mensualmente para después continuar con el proceso de producción, consistente en el secado, envasado y empaquetado de la mercancía, dispuesto para ser trasladado a un trastero cercano que utilizaban de almacén y desde este ser enviado al extranjero», señalaron los investigadores.