PABLO SUÁREZ
GIJÓN.
Martes, 19 de junio 2018, 00:48
«Los impuestos que se pagan en el sector son abusivos y pertenecen a otra época». Son palabras de los trabajadores del Casino de Asturias, quienes han visto como, desde la apertura de la sala en 2006, la plantilla ha menguado desde los 143 iniciales ... hasta los 74 que actualmente constituyen la empresa. Una reducción de personal que lejos de quedarse ahí parece que aumentará en los próximos meses, tal y como comunicaba el pasado 13 de junio la empresa propietaria de la sala que, como consecuencia de la reducción de los beneficios, se plantea prescindir de 37 trabajadores (25 despidos y 12 no renovaciones de contratos temporales), además de cerrar la sala que tiene en Oviedo desde hace dos años.
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Con esta nueva reducción de personal, el establecimiento pasaría a tener en nómina a menos de un tercio de los empleados contratados en un inicio. El Casino justifica los despidos en la existencia de pérdidas económicas y en la reducción de ingresos que ha venido sufriendo a lo largo doce años. Sus responsables señalan que la recesión económica ha tenido un impacto negativo en las arcas de la sala de juego de Gijón. La empresa como sus trabajadores demandan una bajada de impuestos, y en concreto, del Impuesto sobre la Actividad Económica (IAE), que supone en Asturias «una cantidad muy superior a la del resto de comunidades», una circunstancia de la que el Casino lleva tiempo quejándose. El IAE depende directamente del Principado y del Ayuntamiento de Gijón, que han descartado un cambio en las cantidades exigidas, detalla la empresa.
Los empleados, a través del Comité de Empresa, han decidido entrar en juego y comenzar una negociación a dos bandas (con la empresa y con la administración pública), en la que tratarán de convencer a sus interlocutores de la necesidad de evitar la reducción de empleo. «Son muchas las familias que dependen de estos trabajos», argumentaba ayer Laura Verdayes, presidenta del Comité, que cuenta con el apoyo de los tres sindicatos (CC OO, UGT, y USO) para iniciar esta negociación que complemetarán con diferentes protestas ante las administraciones. «No descartamos nada. Vamos a luchar hasta el final por revertir esta situación».
El primer paso a seguir en la negociación se dará el 2 de julio, cuando empleados y propietarios se sienten a revisar las cuentas de la empresa y pongan en marcha un proceso de intercambio de propuestas que tendrá una duración máxima de 30 días. «Sin una bajada de impuestos, estamos abocados al cierre», insistió Verdayes.
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