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IVÁN VILLAR
GIJÓN.
Miércoles, 20 de septiembre 2017, 01:18
Carmen Moriyón tomó ayer las riendas para intentar reconducir las relaciones con el movimiento vecinal tras el plante en los consejos de distrito de las asociaciones de la zona urbana. La alcaldesa mantuvo en su despacho un encuentro con representantes de la federación vecinal (FAV) ... que se prolongó durante más de dos horas y en el que se trataron asuntos como el ritmo de ejecución de las obras públicas. La regidora presentó a los vecinos un detallado informe sobre el estado de cada uno de los 134 proyectos de inversión que constan en los presupuestos de 2017 del Ayuntamiento, EMA, Emulsa y EMTUSA, de los que destacó que un 55,2% ya están «terminados o en ejecución». Si se suman los que están en licitación o a punto de hacerlo tras haber recibido el visto bueno de la Intervención, la cifra se eleva hasta el 83%. «Que una inversión se encuentre al menos en ese punto da la garantía de que solo puede ir hacia adelante. Son un 83% de las obras comprometidas, que ya no tienen vuelta atrás».
Moriyón dio además cumplidas explicaciones sobre la situación de las veinte actuaciones que aún están en fase de proyecto. Algunas siguen pendientes de la cesión de terrenos por particulares u otras administraciones, como es el caso del circuito de bici extrema de El Polígono, el arcén peatonal al colegio de educación especial de Castiello y el asfaltado del camino de Bareza. Para la insonorización del pabellón deportivo de La Arena aún se está recabando la conformidad de todas las comunidades de vecinos adyacentes; la prolongación de aceras en la avenida de El Lauredal y la supresión de barreras arquitectónicas en Pescadores depende de la próxima incorporación de los trabajadores del plan de empleo Actívate; el campo para el fútbol femenino y la biblioteca para El Polígono dependen de que se encuentren parcelas adecuadas tras descartar los emplazamientos propuestos inicialmente; y para la recuperación del complejo deportivo de la Universidad Laboral queda «un pequeño paso», que pasa por la reunión de la comisión de Patrimonio del Principado. En lo que respecta al desdoblamiento de la pasarela de Lloreda que conecta por encima de la 'Y' las dos partes del barrio de Lloreda, el proyecto más costoso de los aprobados por votación popular a través de los presupuestos participativos, señaló que también es «de los más complejos técnicamente», por lo que todavía sigue en redacción.
La alcaldesa indicó que solo se ha renunciado a dos actuaciones. Una, la instalación de un radar en Ramón y Cajal, porque con la nueva regulación semafórica de esta calle se ha logrado ya el efecto pretendido, que era pacificar el tráfico. La otra, la escuela infantil de El Llano, porque en la zona no existe ninguna parcela municipal para construirla.
Moriyón defendió el trabajo de los técnicos municipales y aseguró que «el Ayuntamiento está trabajando a más del 100%» para el desarrollo de todas estas actuaciones. Se refirió también a la complejidad burocrática que encierran este tipo de proyectos, que se ha incrementado desde la implantación en los procesos de contratación de las cláusulas sociales. «Ahora los pliegos tienen que ir a Empleo, a Servicios Sociales, a Igualdad, a Medio Ambiente... Y cada servicio tiene que poner el membrete de que cumple». A eso se suma la necesidad de hacer cambios cada vez que la Intervención municipal pone algún reparo, si bien explicó que para evitar que un mismo expediente «vaya y venga catorce veces» de un lado a otro, se ha constituido una comisión técnica a la que se llevan todos los expedientes que necesitan ser subsanados y donde Intervención y los servicios realizan una puesta en común de sus posturas. En lo que respecta a los plazos de ejecución, la alcaldesa señaló que retrasos como los del 'Kilometrín' «se salen de la norma». Los puso en contraste con la reforma de la Escuela de Comercio, «ejemplo de una obra hecha en tiempo y forma».
Destacó finalmente, sobre las relaciones con la FAV, que «sería inconcebible un presupuesto sin las partidas de los consejos de distrito y sin proceso participativo. Solo faltaría que lográramos el consenso político y no lo tuviéramos con los vecinos».
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