El Ministerio de Transportes rechaza abrir un expediente para depurar responsabilidades por el fiasco del vial de Jove

Cabe subrayar que para que un proyecto de la Dirección General de Carreteras llegue a la fase de licitación debe superar diferentes supervisiones internas. Pasa por departamentos especializados en cotejar la veracidad de lo propuesto, los cálculos, que todo cumpla la normativa, que no haya sorpresas. Cada especialista emite su informe de conformidad, comprometiendo su reputación en la firma final. El caso del vial soterrado de Jove tiene el agravante de que llevaba lustros en tramitaciones y análisis, y que se trataba de la inversión más alta que afrontaba Carreteras en quince años, de lo que cabía una elaboración especialmente puntillosa.

Durante años nadie en el engranaje de controles que aplica el ministerio a cada proyecto se percató de anomalía alguna. Se fueron dando los permisos y las conformidades. Eran cientos de páginas las que avalaban su viabilidad técnica y la seguridad de su construcción y todo eso saltó por los aires con un informe externo (firmado por Urci Consultores y Otto Ingeniería y Obras) que apoyó la decisión de desistir el contrato de licitación, adoptada por el director de Carreteras y comunicada hace justo un año por el secretario de Estado, José Antonio Santano, a la alcaldesa Carmen Moriyón y al consejero Alejandro Calvo.

Los informes del desistimiento aseguran que el proyecto se sostenía sobre datos técnicos y económicos que lo hacían inviable, poniendo en entredicho todo el trabajo realizado con anterioridad. El gran punto débil, si se da por buena la última versión ministerial, eran los errores en los estudios geológicos y de materiales que sustentaban el diseño del vial de Jove.

¿Qué controles internos fallaron? En el Ayuntamiento de Gijón y el Principado llevan un año esperando por un expediente que explicase «negro sobre blanco» este gran fracaso en la historia de las infraestructuras del Estado en la ciudad. Tendrán que seguir haciéndolo y parece que de forma indefinida. En una resolución por escrito la Dirección General de Carreteras descarta solicitar la apertura de una auditoría para depurar de responsabilidades. Lo justifica en «la alta complejidad técnica de la actuación que nos ocupa y las circunstancias sobrevenidas que han provocado el desistimiento, expuestas en el correspondiente informe».

Cabe recordar que el ministerio cuenta para una subdirección general de Inspección de los Servicios, departamento especializado en «el control interno y la evaluación de los servicios», según indica el Real Decreto que lo regula. Entre sus funciones está «inspeccionar y supervisar la actuación y el funcionamiento» de los departamentos y asumir auditorías internas. A esta subdirección recurrió la entonces ministra Raquel Sánchez cuando EL COMERCIO destapó el 'fiasco ferroviario', un caso de descoordinación entre departamentos que bloqueó el diseño de nuevos trenes de Feve porque seguir el contrato conducía a hacerlos más grandes de lo que permitían los túneles. Al objeto de detectar los errores en los que habían incurrido los actores implicados y tomar medidas para que no se repitieran les encargó una auditoría. Los inspectores tuvieron libertad para recabar toda la información del caso y hacer las entrevistas que permitieran aclarar un asunto que había alterado la correcta ejecución de un contrato de 200 millones. El dictamen final no impone penalidad alguna a los implicados, pero identifica errores y prescribe mejoras para no repetirlos. Se trata de unas harinas en las que, esta vez, el ministerio prefiere no entrar.

Por tanto, el ministerio da por suficientes los informes que tumbaron la contratación y que adjuntaban además un estudio del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con su rechazo a financiar la obra poniendo en duda la consistencia de los datos económicos y planteando la necesidad de una profunda revisión en su rentabilidad.