El caso de 'Luisín' se archiva por vía civil y la investigación a los dos hermanos sigue en el juzgado penal de Gijón

El juzgado de Primera Instancia que se encargaba del procedimiento civil por la tutela de 'Luisín', el discapacitado que supuestamente estaba al cuidado de sus hermanos, ha archivado la investigación una vez demostrado que llevaba diez años muerto y que su identidad corresponde con el cadáver hallado en Somiedo y que durante una década estuvo sin identificar. El caso continúa ahora por la vía penal, con los dos hermanos, Enrique y Enriqueta J. C., en prisión por un delito de homicidio por omisión de socorro y fraude a la seguridad social.

Están a la espera de que la Sección Octava de la Audiencia Provincial su puesta en libertad (solicitada por sus abogados) y a la que se opone la fiscalía al considerar que existe un riesgo de fuga. Fueron arrestados en el País Vasco cuando supuestamente trataba de huir a Francia, al verse acorralados después de años de requerimientos judiciales para que llevasen a su hermano discapacitado a realizar una nueva valoración a los servicios sociales.

El pasado verano, la jueza ordenaba retirar la custodia a los dos hermanos y entregársela al Principado. Les exigía ingresar al hombre en una residencia. Nunca ocurrió. Las sospechas se seguían acrecentando y en octubre se ordenaba la apertura de una investigación penal en la que intervino la fiscalía.

El juzgado de Instrucción 4 de Gijón se hizo cargo del procedimiento y se ordenó la búsqueda y personación de los dos hermanos para que desvelasen dónde estaba Luis. Fueron localizados y arrestados en San Sebastián.

Fue en su declaración cuando encajaron todas las piezas. La propia detenida confesó que su hermano «era el hombre de Somiedo que salió en EL COMERCIO». Se cruzaba así la investigación del juzgado con la iniciada hace diez años por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y se ponía fin a la incógnita.

Los dos hermanos cobraron la pensión y la ayuda de la dependencia de 'Luisín' durante diez años, un importe que supera los 330.000 euros. El procedimiento queda archivado por vía civil para seguir por la penal.

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