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EUGENIA GARCÍA
GIJÓN.
Viernes, 16 de marzo 2018, 03:40
En lo referente a la electricidad, el consumidor corre el riesgo de «no ser soberano sino súbdito del mercado». El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, eligió el Día Mundial del Consumidor para alertar en el Centro Municipal ... de La Arena de las malas prácticas de las eléctricas e instar a los usuarios a defenderse de sus «abusos».
En España, aseguró Alonso, «tenemos un problema de carácter estructural». «Con la liberalización de los mercados, los sectores básicos cambiaron de ser monopolios públicos a convertirse en oligopolios privados que impiden una competencia real». El consumidor no elige; el mercado no se autorregula y la 'mano invisible' tiene nombre propio: es el operador dominante.
Alonso recordó que entre 2009 y 2016, en plena crisis económica, las compañías eléctricas obtuvieron unos beneficios económicos superiores a los 50.000 millones de euros. «Durante ese mismo periodo, 7,5 millones de usuarios sufrieron el corte del suministro por impago». 'Reengancharse' cuesta 22 euros, «un auténtico negocio».
Factura en mano, el presidente de la asociación invitó a los asistentes a echar un vistazo a las suyas para determinar a qué mercado pertenecen. Apenas unos pocos tenían la indicación 'PVPC' que indica que su tarifa se inscribe en el mercado regulado, es decir, con precios fijados por el Gobierno que cambian cada día y cada hora en función del coste de producción de electricidad.
La mayoría -con conceptos como 'luz básico' o 'fórmula ahorro' en sus recibos- pertenecían al mercado libre, en el que son las compañías quienes fijan las tarifas. «La pregunta es, ¿han elegido estar ahí?», planteó Alonso. «Más del 60% de los clientes de las eléctricas en Asturias forman parte del mercado libre y no lo saben; a veces ni siquiera han firmado ese contrato», aseguró. Si bien es cierto que tiene tasas más bajas que el regulado, tiene algunas consecuencias que los usuarios desconocen, como la exclusión del bono social al que se acogían unas 40.000 familias asturianas. En última instancia, para el presidente de la UCE «el mal menor es estar en el mercado regulado, con tarifa de discriminación horaria que bonifica con hasta un 50%».
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