El Gobierno regional cambiará su Ley del Deporte para erradicar la violencia

Ramón Tuero, director general de Deportes del Principado, señalaba ayer EL COMERCIO que «la actual ley data del año 1994 y se ha quedado obsoleta, es necesario actualizarla a la actual realidad». Sobre el problema concreto que se le plantea al Sporting con la hinchada más radical -con dos de los cuales, con órdenes de alejamiento de El Molinón, la directiva se sentó a organizar un homenaje a Quini- el representante del gobierno regional manifestó que «es anacrónico que los ultras sigan estando en los estadios». Tuero anunció la puesta en marcha de una comisión antiviolencia en la que participarán distintos estamentos sociales, deportivos y políticos. La primera reunión tendrá lugar en dos semanas aproximadamente.

Entre las medidas que propone la nueva Ley del Deporte del Principado está la aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la violencia, contemplando determinaciones adecuadas en los aspectos social y educativo y el desarrollo de un régimen sancionador administrativo en el que se tipificarán las infracciones y sanciones. Constituirán infracciones en materia deportiva las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables en materia del cumplimiento del orden. Está tipificada como sanción muy grave, por ejemplo, el incumplimiento de los requerimientos de las autoridades y órganos administrativos competentes en materia deportiva. Las sanciones podrán ascender hasta los 60.000 euros de multa dependiendo de la infracción.

No solo se recogen apercibimientos de índole económica, también podrían acarrear la clausura del recinto deportivo; la inhabilitación o suspensión de licencia deportiva, con carácter temporal o definitivo; la pérdida del encuentro o la pérdida de puestos en la clasificación o incluso descenso de categoría; celebración de la competición a puerta cerrada; o prohibición del acceso al recinto, entre otras.

«El objetivo es erradicar la violencia en todos los ámbitos, desde el deporte base hasta las categorías más profesionales», apunta el director general de Deportes del Gobierno regional. La ley de Actividad Física y Deporte del Principado podría entrar el vigor aproximadamente a finales de este año. Vendrá a sustituir un texto normativo que data de hace 24 años y con el que el no tiene capacidad sancionadora en materia.

El Principado se suma así al impulso de instituciones, organismos públicos, fuerzas de seguridad, estamentos sociales y jurídicos para poner fin a la lacra de la violencia ultra. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha trasladado a la directiva del Sporting la necesidad de mantener una reunión para abordar lo que consideran un «grave problema» y pedir al club que cumpla de forma urgente con la declaración institucional firmada la semana pasada en la que se le pide romper todo vínculo con los radicales. Dos días después de la firma de esa declaración por parte de todos los grupos municipales, EL COMERCIO desvelaba que un consejero del Sporting, Fernando Losada, mantuvo hace un mes un encuentro formal en las instalaciones de Mareo con un pequeño grupo de representantes de la afición, nueve personas, de las cuales dos tienen en vigor una orden de alejamiento de El Molinón por los graves altercados protagonizados antes del derbi del pasado mes de septiembre y durante los cuales resultaron heridos diez agentes de la Policía Nacional. Tienen un juicio pendiente en el que la fiscalía les solicita penas de prisión. En ese procedimiento judicial La Liga de Fútbol Profesional ejerce la acusación particular contra esos dos ultras que se sentaron a organizar los actos del homenaje a Quini. El organismo estatal ha reprobado la actitud de la directiva del club rojiblanco y estudia las medidas a tomar.

El encuentro oficial del Sporting con los ultras sancionados se produjo el 6 de marzo, tan solo un mes después de que la Comisión Antiviolencia propusiese para una sanción «muy grave» al club por «favorecer», según argumenta, la actividad del grupo radical Ultra Boys. Sostiene esta entidad, dependiente del Ministerio de Interior, que «no solo no ha puesto freno a la actuación de este colectivo, sino que lo ha apoyado».

La propuesta del pago de una multa que asciende a 75.000 euros se acordó tras la escena que se vivió en la víspera del último derbi en Oviedo, cuando el Sporting permitió la entrada al Fondo Sur a varios aficionados con bengalas durante el entrenamiento a puerta abierta celebrada el pasado 3 de febrero en El Molinón.