La justicia tumba la ordenanza de Movilidad de Gijón: fin a las pegatinas ambientales y a la prohibición de aparcar en la ORA

Aunque los motivos de impugnación de los recursos eran varios la sentencia del alto tribunal asturiano se ciñe a la falta de memoria económica. El TSJA estima esa parte de los recursos de las formaciones de centroderecha y declara no conforme a Derecho el acuerdo que permitió la aprobación de la ordenanza . «Y ello sin que sea preciso abordar los restantes motivos impugnatorios, en cuanto declarada la nulidad total de la ordenanza por falta de motivación expuesta, decae la misma sin que sea preciso cualquier otro pronunciamiento», señala. El fallo es recurrible ante el Tribunal Supremo y no impone costas al Ayuntamiento.

Noticia Relacionada

Pablo González: «Tienen que decirnos cómo van a compensar a los gijoneses»

María Rendueles / Diego Abejón

La ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Gijón entró en vigor con su publicación en el BOPA el 31 de mayo de 2021. El Pleno respaldó el texto de la normativa con los votos de los dos socios del equipo de gobierno (PSOE e IU) y el apoyo de Ciudadanos y Podemos-Equo desde la oposición. El objetivo principal de la ordenanza ahora anulada era actualizar la normativa vigente desde 2002 y adecuarla a la realidad de un nuevo paradigma de movilidad y sostenibilidad donde el peatón ganase protagonismo a costa del desplazamiento del coche privado. Además de la prohibición de aparcar en la zona azul sin etiqueta ambiental, la aplicación de la ordenanza también soliviantó a asociaciones del mundo de la discapacidad como Cocemfe al suprimir la exención de la ORA para este colectivo. Otra medida polémica aparejada a esta norma fue la exigencia de exhibir la etiqueta ambiental para transitar por Gijón. La prohibición de transitar sin etiqueta se había fijado para 2026, aunque con una revisión previa unos meses antes.

Desde la concejalía de Movilidad y Medio Ambiente explicaron a EL COMERCIO que mantendrán mañana una reunión con los servicios jurídicos municipales para valorar el alcance de esta sentencia, que aún no es firme, y decidir si se recurre o no en casación ante el Tribunal Supremo.

En un primer análisis de la sentencia, el presidente del PP de Gijón, Pablo González, afirma que si este fallo deviene firme el Ayuntamiento tendrá que devolver todo lo recaudado por las multas impuestas que se hayan amparado en la normativa anulada.