Piden 11 y 14 años a dos procesados por secuestrar a un gijonés en Carreño

En noviembre de 2020 fueron detenidos en el Norte de Madrid dos peligrosos delincuentes de 38 y 51 años por estos hechos. El de mayor edad ya había sido arrestado años atrás por otro secuestro.

Ahora la Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de los dos procesados por secuestrar a Pablo, a cuya familia exigieron un rescate de cinco millones de euros, que no llegaron a pagarse. El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal fue presentado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 11.40 horas del día 5 de marzo de 2020, la víctima llegó en su vehículo a la nave de la empresa en la que trabajaba, dedicada al alquiler de autocaravanas, en el Polígono de Pervera, en Carreño. Hacia las 12.30 accedieron a la misma los procesados (1969 y 1982, respectivamente), que iban encapuchados, y sacaron sendas pistolas, y tras confirmar que la víctima era el hermano del propietario de la empresa, le conminaron a que les acompañara.

Como el hombre se resistió, le pusieron unas esposas en los tobillos y en las muñecas, sujetándole los brazos a la espalda, y tras abrir el portón de la nave, introdujeron en ella un vehículo BMW, modelo X6. A continuación, le introdujeron en el maletero del coche, lo taparon con una manta, y emprendieron la marcha en dirección a Valencia por la AP-66.

En un punto indeterminado del trayecto, cambiaron las placas del BMW y se unieron a otro coche, un Dodge Nitro, que a partir de ese momento circuló unos kilómetros por delante del BMW con el fin de alertar de la posible presencia de controles policiales. Los dos coches llegaron a una nave en el Polígono de Massanassa, Valencia, donde les esperaba una tercera persona no identificada, que estaba de acuerdo con los procesados y ocultaba su rostro con un pasamontañas. En esa nave dejaron al hombre sujeto a una escalera por uno de los grilletes que le habían colocado en los tobillos, y que después sustituyeron por una cadena, y allí le mantuvieron contra su voluntad, permanentemente vigilado por dos de ellos, hasta el día 10 de marzo. Ese día, ante la presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, le comunicaron que iba a ser liberado.

Fue amenazado repetidamente por un procesado con matarle a él y su familia si contaba algo o hablaba con la Policía, lo que provocó al secuestrado un temor tan intenso que le llevó a ocultar determinadas circunstancias relevantes en su primera declaración prestada ante la Guardia Civil tras ser puesto en libertad.

Tras darle 150 euros para que pudiera coger un autobús de vuelta a su casa, le pusieron unas bridas en las muñecas y en los tobillos y le introdujeron en el vehículo Dodge, en el que se trasladaron hasta el lugar donde le dejaron en libertad, en las proximidades de la localidad de Caudete, Albacete, sin haber conseguido su propósito de obtener una elevada suma por su rescate.

Antes de la liberación, y siguiendo las indicaciones de los procesados, el hermano de la víctima adquirió un teléfono para contactar con ellos. Así, a las 12.25 horas del 7 de marzo, se produjo una comunicación desde un teléfono que los procesados habían activado el día 6, en la que le dijeron que su hermano estaba con ellos y le exigieron 5 millones de euros, a entregar en cuatro días si quería volver a verle.

Los procesados le enviaron dos fotografías del secuestrado, en las que aparecía encadenado en la nave, para que comprobase que estaba en buenas condiciones físicas. Igualmente, el día 9 de marzo, sobre las 16.00 horas, los procesados citaron al hermano del secuestrado para el día 11 en un hotel de Las Rozas para proceder al pago requerido, cita que no llegó a producirse por haber sido puesto en libertad con anterioridad.

Un procesado fue detenido a las 10.20 horas del 22 de agosto de 2020 cuando conducía el vehículo Dodge por la autovía A-3, en el área de servicio de Las Moratillas, en el punto kilométrico 304. En ese momento se identificó ante los agentes de la Guardia Civil con un permiso de conducir alterado, a nombre de otra persona, en el que figuraba su propia fotografía; llevaba también oculto en una zapatilla el DNI de otro hombre, identidad con la que había concertado el alquiler de la nave donde estuvo retenido a la víctima.

En registro efectuado en el vehículo Dodge se localizó un compartimento oculto en la zona del maletero, en el que se guardaban tres pares de placas de matrículas, así como un juego de grilletes metálicos, un paquete con bridas de plástico, cinco teléfonos móviles, guantes, pasamontañas, gorras, gafas de sol y las llaves de un turismo BMW.

Parte de estos efectos fueron utilizados en el secuestro de del hombre. El hombre sufrió lesiones en las muñecas como consecuencia de la colocación de las esposas cuando fue secuestrado, así como dolor en los hombros con limitación de la movilidad por la postura que le obligaron a mantener en el maletero del coche y mientras permaneció en la nave. Estas lesiones precisaron de una asistencia médica y tardaron en curar 40 días. Como secuela de los hechos, sufre un trastorno de estrés postraumático que afecta moderadamente a su estado de ánimo, con episodios frecuentes de ansiedad.

La fiscalía pide a los dos procesados, pena de 9 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de secuestro pena de 3 meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, por el delito leve de lesiones. A un procesado, pena 3 años de prisión, con la misma accesoria, y multa de 12 meses, con cuota diaria de 10 euros, y pena de 2 años de prisión, con la misma accesoria, por el delito de amenazas.

Al otro procesado, pena de 2 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 10 meses, con cuota diaria de 10 euros.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los procesados indemnicen a la víctima con 1.600 euros por las lesiones y 5.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes.