Un joven afronta ocho años de cárcel por intentar matar a un menor

Según señala el ministerio fiscal, el motivo que originó el conflicto fueron unas chanclas. «La víctima se citó en el parque para entrevistarse con el procesado para hablar sobre unas chanclas de su propiedad que le habían desaparecido», apunta. Se inició entonces una discusión entre ambos, «en el curso de la cual el procesado, actuando con la intención de acabar con su vida y sirviéndose de un cuchillo de grandes dimensiones que portaba, se lo clavó en el costado izquierdo, bajo la axila, lo que le provocó una herida incisa casi horizontal de unos 20 centímetros de longitud, con afectación de piel y tejido subcutáneo».

El escrito de la acusación pública continúa explicando que «la víctima, para que no siguiera agrediéndole, cerró el brazo sobre el cuchillo, lo que le provocó un corte en el borde cubital del antebrazo izquierdo». «Cuando el procesado logró sacar el cuchillo que sujetaba el herido, le lanzó un golpe con el arma, en trayectoria ascendente-descendente hacía la parte izquierda del cuello, de forma transversal y provocándole una herida incisa de unos 15 centímetros de longitud».

En resumen, como consecuencia del ataque, el menor marroquí sufrió un corte de 15 centímetros en el cuello, una herida incisa de 20 centímetros bajo la axila y otra en el antebrazo izquierdo. Tardó aproximadamente 40 días en curarse.

El herido acudió por sus propios medios al centro de salud de El Llano, donde los facultativos, al ver el alcance de las lesiones que presentaba, le derivaron al Hospital de Cabueñes. Fueron los propios sanitarios que le atendieron los que alertaron a las fuerzas de seguridad del apuñalamiento sufrido por el chico.

La investigación realizada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) permitió identificar al sospechoso y localizarle dos días después en el barrio de El Llano.

La fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de tentativa de homicidio y pide para el acusado una condena de ocho años y cuatro meses de cárcel, interesando la expulsión del territorio español una vez que haya cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta. En concepto de responsabilidad civil, pide que indemnice al perjudicado con 1.120 euros por las lesiones y con otros 2.000 euros por las secuelas. Además, el procesado deberá abonar al Sespa los gastos derivados de la atención médica que recibió el herido.