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R. MUÑIZ
GIJÓN.
Viernes, 9 de octubre 2020, 01:40
Podemos-Equo se sumó al equipo de gobierno local de PSOE e IU para aprobar ayer el dictamen de la ordenanza de movilidad, norma de 174 folios, 155 artículos y un punto más polémico que los demás: las restricciones que se imponen a los vehículos ... a los que, por su nivel de emisiones, la Dirección General de Tráfico (DGT) no concede distintivo ambiental alguno. Desde 2022 esos coches tendrán prohibido el aparcamiento en zona regulada salvo a quien sea residente de ese barrio. A partir de 2026 el veto es a circular dentro de la zona urbana sin la citada pegatina.
El texto será ahora sometido a votación en el pleno, los ciudadanos podrán hacer sus alegaciones y la idea del concejal de Movilidad, Aurelio Martín, es conseguir la aprobación definitiva alrededor de febrero. «Nos equipara a las ciudades europeas que apuestan por una nueva forma de vivir en las ciudades», dijo. La norma «conecta perfectamente con el plan de movilidad que el anterior equipo de gobierno dejó sin tramitar, en cuanto a que su filosofía era situar en el centro a peatón, bicicleta y transporte público».
El edil recordó que los vehículos que desde 2026 no puedan acceder a la zona urbana tendrán plazas reservadas en los aparcamientos disuasorios. «Hay dos posiciones claramente diferenciadas, una de hacer políticas progresistas y otra que quiere mantener un modelo caduco y obsoleto de ciudad», respaldó Laura Tuero, desde Podemos-Equo.
Ciudadanos se sumó al bloque del 'no' pese a que se incorporaron 41 de sus enmiendas de forma completa y 11 más transaccionadas. Las aportaciones «han mejorado notablemente el texto», concedió el portavoz José Carlos Fernández Sarasola. Sin embargo, entiende que aplicar ese veto a partir de 2026 a los gijoneses es «un perjuicio económico» y «un agravio comparativo» con el que no tendrán que lidiar el resto de asturianos.
«Pretenden prohibir circular a quienes no se pueden comprar un coche mejor», afeó Pelayo Barcia, desde Foro, formación que accedía a aplicar restricciones por motivos ambientales «a los de fuera, que no pagan 'viñeta' en Gijón». En el PP, Ángeles Fernández-Ahúja lamentó la falta de consenso y el «largo elenco de prohibiciones» que «perjudican a los coches de cierta antigüedad». Eladio de la Concha, de Vox, cuestionó que algo que afectará a gijoneses y foráneos «se imponga sin una búsqueda efectiva de un mayoritario acuerdo social».
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