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M. MORO
GIJÓN.
Lunes, 18 de diciembre 2017, 01:28
«La mala praxis del 1% de tiendas colaboradoras de la renta social y de los usuarios de tarjetas no empañará la buena imagen de un programa que tiene como destinatarios a personas que realmente lo necesitan». El presidente de la Unión de Comerciantes, Germán ... Heredia, aseguró ayer que la expulsión de tres comercios adheridos por vulnerar las bases de la renta social, al vender artículos no permitidos, «debe ser interpretado como un aviso a navegantes».
«Es doloroso hacerlo, pero los ciudadanos tienen que saber que vamos a ser inflexibles en el control de este tipo de irregularidades», advirtió. «No vamos a tolerar que el prestigio de los comercios que participan en esta iniciativa y la confianza que nos ha otorgado el Ayuntamiento se puedan ver comprometidos. Esto va en serio y no se puede jugar con el dinero de todos los gijoneses», abundó.
El responsable del colectivo de comerciantes indicó que «por nuestra parte es bueno sacar a la luz estos casos para que se sepa que son una mínima parte del total y se vea que hay un cruce de datos inmediato entre todos los agentes implicados si se produce una irregularidad: Fundación de Servicios Sociales, Unión de Comerciantes y la entidad bancaria que tramita las tarjetas prepago». «Las reglas están bien claras. Un perceptor puede adquirir con su tarjeta unas gafas de aumento, pero no unas de sol o unas bifocales. La verdad es que quienes pasan esto por alto no sé por qué se meten en estos berenjenales si se va a descubrir», añadió.
Heredia destacó que, frente a las dos ópticas y la tienda de deportes de la zona centro que vendieron productos fuera de la lista oficial, «hay muchas llamadas de establecimientos adheridos para resolver dudas y confirmar si lo están haciendo bien». Unas tiendas que también han trasladado a la Unión de Comerciantes algunos intentos de «engaño» con los artículos o de «cambiar un artículo por dinero en metálico».
El presidente de los comerciantes también defendió que es importante que se tenga conocimiento de que los controles funcionan nada más detectarse cualquier anomalía para «no dar argumentos» a los grupos políticos detractores de la renta social.
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