Illán prorroga un contrato de ayuda a domicilio en contra de la Intervención

El servicio de ayuda a domicilio se rige por tres contratos. Dos de ellos, cada uno correspondiente a una de las dos zonas en las que se divide la ciudad, fueron adjudicados en octubre de 2015 a las empresas Eulen y Azvase con una duración de dos años. En septiembre, en base a lo contemplado en sus cláusulas, Servicios Sociales acordó la prórroga de ambos contratos hasta el 31 de octubre de 2018, a la espera de decidir si se remunicipaliza o no el servicio.

Ante el incremento de la demanda, que no podía ser cubierta con las horas de atención recogidas en la licitación de 2015, a principios de este año fue necesario tramitar por un procedimiento de urgencia un contrato complementario, adjudicado en mayo a Azvase y cuya vigencia expiraba ayer. En septiembre, al mismo tiempo que se planteó la prórroga de los dos contratos generales, Servicios Sociales pidió licitar un nuevo contrato complementario, ante la imposibilidad de prorrogar el anterior. Un error en el cálculo de las horas que era necesario cubrir con él obligó a tratar el asunto en dos reuniones diferentes de la junta rectora, con el consiguiente retraso. Finalmente, tras el visto bueno se abrió el oportuno concurso, que aún está pendiente de resolución. El plazo de presentación de ofertas se cerró el 11 de octubre y el día 17 se acordó la admisión de la única recibida, de Azvase. Pero la adjudicación aún no se ha aprobado.

Para evitar que la parte del servicio cubierta con este contrato quedara interrumpida desde hoy, lo que afectaría a 75 trabajadoras y decenas de usuarios, se planteó la prórroga del contrato durante un máximo de dos meses o hasta que se pueda firmar el que está en licitación. Elevada la consulta a los servicios municipales, la interventora emitió un informe en el que manifestaba su «discrepancia» con esa decisión y alertaba de que no cabía la posibilidad «legal» de prórroga por el modo en que fue tramitado inicialmente. La Alcaldía, no obstante, acordó «levantar» ese «reparo» de la Intervención atendiendo a la petición de Servicios Sociales, que alertaba de que la interrupción «ocasionaría graves perjuicios a sus usuarios».

El concejal socialista Monchu García habló de «irresponsabilidad» del gobierno y criticó que llevara este asunto a «una situación límite». Aurelio Martín, de IU, advirtió, en referencia a la adopción del acuerdo en contra del criterio técnico legal, de que «estas cosas las carga el diablo». C's argumentó que su cambio de voto se hizo «pensando exclusivamente en los usuarios. Pero que Foro no se confíe. No pueden ponernos siempre entre la espada y la pared y la próxima vez lo que ocurra ser á su responsabilidad exclusiva».