«Que no hayan identificado a todos los agresores es un fracaso de la justicia»

Gonzalo Botas, abogado de Germán Fernández, considera que el hecho «de no haber podido identificar a todos los agresores es un fracaso de la justicia». El letrado considera que el ataque al joven camarero en Fomento en 2017 no fue solo obra de los cuatro jóvenes que esta misma semana han sido condenados a cinco y cuatro años de cárcel, sino que en él participaron otras personas que no han llegado a sentarse en el banquillo de los acusados. «Hubo diez o doce personas», aseguró.

Además de los condenados, otros cuatro individuos fueron arrestados por la Policía Nacional y puestos a disposición judicial. Permanecieron en calidad de investigados durante meses, si bien quedaron exonerados en la fase de instrucción después de que no se hubiera podido acreditar directamente su participación en los hechos.

A juicio de Gonzalo Botas, «la forma de acabar con hechos como este es extender la responsabilidad del delito a todos aquellos que hubiesen participado de alguna forma».

La fiscalía mantenía en su escrito de acusación que «los acusados, que formaban un grupo consolidado de amigos, denominándose a sí mismos 'La Manada', coincidieron en la madrugada del día 14 de julio de 2017 en un pub de la calle Marqués de San Esteban con el grupo de la víctima y los amigos y llevados por un ánimo común de mera diversión, los acusados comenzaron a provocar a los jóvenes, generando un nimio incidente y retándoles para que saliesen fuera a pegarse». Fue ya en la calle cuando el grupo de atacantes agredió a un amigo de Germán y luego a este último, que se encontraba apartado, sin posibilidad de escapar.

Fue ahí cuando Rubén Álvarez le propinó un brutal puñetazo que le dejó inconsciente y le causó graves lesiones neurológicas. Ha sido a condenado a cinco años de cárcel. Otros tres de sus amigos, Imad Aisain, Jorge Álvarez y Yeray Rodríguez, a cuatro años de prisión.

Llegaron a un acuerdo con la fiscalía, que rebajó las penas iniciales de 14 años y medio y 12 años al apreciarles el atenuante de reparación del daño, ya que antes del inicio del juicio consignaron 159.000 de los 300.000 euros que le pagarán a la víctima en concepto de indemnización. Se pone así fin a un procedimiento judicial que se prolongó cuatro años y tres meses.

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