El Hospital Begoña lleva a los tribunales el PGO por las trabas para ampliar sus instalaciones

En su recurso contencioso, del mismo modo que hicieron durante las dos fases de información pública del PGO, argumentan que los diferentes planeamientos urbanísticos han venido regulando esta cuestión estableciendo edificabilidades máximas en función del entorno del equipamiento y no permitiendo en ningún caso el cambio de uso. Sin embargo, en el documento aprobado se modifica el criterio y se vinculan sus condiciones de edificabilidad a la ordenanza zonal donde se encuentra. Y no solo eso, sino que también se permite el cambio de uso terciario de servicios, a lo que se oponen.

Equiparan su situación con la del antiguo Hospital del Carmen, actual residencia geriátrica, y reclaman vía judicial una mayor definición de sus posibilidades edificatorias (alineaciones y altura máxima). Pero sobre todo rechazan haber pasado, de anteriores planes urbanísticos a éste, de estar regidos por una ordenanza de bloque abierto a otra de construcción en manzana cerrada, grado 3, que, a su juicio, supone «una falta de concordancia entre la tipología constructiva y la ordenanza zonal de aplicación» del hospital.

Por eso en su recurso el Grupo IMQ solicita la correspondencia de todos los edificios destinados a equipamiento privado con la ordenanza del ámbito donde se ubican y que se modifiquen los límites entre las distintas ordenanzas zonales que afectan al edificio del Hospital Begoña de manzana cerrada para ajustarse realmente a la ordenanza zonal que deba regularla.

Los antecedentes que han desembocado en este recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) se remontan a mayo de 2014. La cooperativa de médicos propietaria solicitó una modificación del PGO que posibilitase la ampliación del hospital de El Bibio. El Grupo IMQ presentó un proyecto que planteaba el recrecido de una planta en la fachada que da a la avenida de Pablo Iglesias y de dos plantas en la calle Balmes, al objeto de ampliar la zona de consultas externas y la de quirófanos. El resultado final sería un edifico de cinco alturas (planta baja más cuatro sobre rasante en cada una de las calles). Foro y PP veían con buenos ojos la operación, pero el PSOE se opuso al entender que existía un conflicto de intereses de la exalcaldesa Carmen Moriyón por su vinculación laboral con dicho centro.

Aquella ampliación quedó en aguas de borrajas y cuando fue anulado el PGO de 2011 y se empezó a redactar el vigente, el PSOE volvió a la carga acusando a Foro de dar cobertura al proyecto de IMQ facilitando recrecidos de instalaciones privadas en suelo urbano consolidado sin cesiones de suelo. La exedil Begoña Fernández advirtió de que el nuevo PGO identificaba como sistemas locales a un conjunto de equipamientos privados -entre ellos el Hospital Begoña, la residencia geriátrica Plaza Real, o los colegios Corazón de María y La Asunción-, dando paso a la equiparación de equipamientos públicos y privados y permitiéndoles crecer sin ningún tipo de compensación para la ciudad.

En la última versión del documento este aspecto fue modificado en un intento de Foro de que los socialistas no diesen un voto negativo al PGO como finalmente hicieron. Así se diferenció en la regulación entre equipamientos públicos y privados. La edificabilidad quedó limitada según la zona de ordenanza a 2m2/m2 aquellos que son de gestión pública y 1m2/m2 a los de gestión privada. Se empleó además el criterio de ordenar el equipamiento en función de la zona en la que se sitúan y la tipología en la que se encuentra ubicado.

El director del hospital gijonés, Pablo Hernández, aseguró ayer que cualquier proyecto de ampliación quedará aparcado hasta que no se sustancie este recurso judicial.

Por otra parte, también han recurrido el PGO la entidad propietaria de varias viviendas colectivas situadas en la zona de Viesques, el denominado 'Grupo las Fazas', delimitado dentro del parque fluvial y que da frente a la glorieta en la que desembocan calles como Gloria Fuertes y Corín Tellado.

La propiedad reclama vía judicial una solución urbanística adecuada y rechaza la desaparición de los bloques como sistemas generales de zonas verdes. Argumenta que los edificios se encuentran en condiciones urbanísticas fuera de ordenación y pide regularizar su situación.

La indefinición en que les deja el PGO también está detrás del recurso de los propietarios del 'área de las Palmeras', también conocido como barrio de La Folguera, una bolsa de vivienda unifamiliar que queda en las inmediaciones del Sanatorio Marítimo. Litigan para forzar su exclusión del PERI 11 (el de El Rinconín) y su clasificación como suelo urbano consolidado.

También trascendió el pasado agosto que Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconstrucción) se encontraba entre los litigantes que impugnaron el PGO, en su caso por estar en desacuerdo con la exclusión del uso residencial en el suelo de Naval Gijón.