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Manuel nació hace tres años con acondroplasia. Acaba de empezar el primer curso de Educación Infantil junto a su hermana melliza en la escuela San Eutiquio, donde contará con el apoyo de un auxiliar y un profesor de audición y lenguaje, pero, a diferencia de la atención que había venido recibiendo en la Unidad Infantil de Atención Primaria, no la de un fisioterapeuta. La decisión de la Consejería de Educación contraría a los padres, que ya la han recurrido. Lo han hecho aportando informes médicos que avalan que las sesiones de fisioterapia –que Manuel recibía cada quince días– son necesarias «para la buena higiene postural del niño y para un buen desarrollo musculo-esquelético que en el futuro supondrá una mayor autonomía en su capacidad motórica, evitará lesiones y minimizará su varo en las piernas y su hiperlordosis». Es decir, las piernas arqueadas y la excesiva curvatura de la columna.
La cuestión, cuentan sus padres, es que los evaluadores que acudieron a la escuela infantil a la que el niño iba el año pasado para ver cómo se desenvolvía en clase consideraron que sí podía realizar ciertas acciones.
«Es verdad que puede sentarse y levantarse solo, pero lo hace adoptando unas posturas que no debe hacer», contraponen los padres.
«Manuel necesita una persona que corrija hábitos y posturas que pueden convertirse en vicios. Ir contra criterio médico causará probablemente lesiones irreversibles en el niño, que conllevarán operaciones más complicadas y dolorosas de corrección del varo de sus piernas y posibles intervenciones que podrían evitarse corrigiendo posturas a tiempo». Lesiones, apunta su madre, que podrían incluso «dejar a Manuel en silla de ruedas». La familia del pequeño dice que se está privando al menor «de un derecho fundamental» y espera que la consejería rectifique y le conceda finalmente este curso el apoyo de un fisioterapeuta.
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