MARCOS MORO
GIJÓN.
Sábado, 30 de noviembre 2019, 01:58
El Consejo de Ministros autorizó ayer la licitación de obras de mejora en las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la zona oeste, también conocida como La Reguerona, con un presupuesto de 18,9 millones de euros, IVA incluido.
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El objetivo de esta actuación es dar cobertura al tratamiento de las aguas residuales de la zona oeste de Gijón y al municipio limítrofe de Carreño para, una vez tratadas con los nuevos y mejorados parámetros, verterlas al mar Cantábrico a través del emisario submarino de Aboño. Además de la adecuación del tratamiento de saneamiento del agua, se acometerán actuaciones de remodelación y ampliación de los distintos elementos de la EDAR ubicada en Aboño.
Para la mejora de esta depuradora, el Ministerio para la Transición Ecológica ha optado por proponer una serie de medidas, de fácil implantación y eficacia contrastada, para modernizarla y que cumpla con las condiciones de vertido exigidas por la Unión Europea, para lo que se le dotará de un tratamiento secundario adecuado. De este modo, podrán minimizarse en todo momento las interferencias con las actuales instalaciones de la EDAR y se alcanzarán los resultados, tanto para el agua tratada como para el fango obtenido, salvando las posibles variaciones de contaminación y caudal del agua bruta.
Los responsables ministeriales aseguran que con esa medida la instalación cumplirá con las condiciones de vertido a una 'zona normal' establecidas por la Directiva Marco del Agua para una aglomeración urbana de más de 150.000 habitantes equivalentes.
El ministerio engloba esta actuación en las obras de saneamiento de Gijón, que fueron declaradas de interés general del Estado en 1984. Hay que tener en cuenta que, en realidad, esta planta de tratamiento da servicio a una población de unos 300.000 habitantes por la división en dos cuencas fluviales de Gijón, pero tiene en contra que el municipio, en general, no cumple con las condiciones de vertido por el lastre de la falta de depuración en la zona este. Una circunstancia que hace que Gijón esté incurso en un procedimiento de infracción por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas por el que España está pagando cuantiosas multas.
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La salida a licitación de este proyecto acumula importantes retrasos. En 2017, el por entonces Ministerio de Medio Ambiente tenía previsto disponer del anteproyecto que fija los parámetros de una obra que, más allá de mitigar los deterioros de la depuradora, tiene por objetivo cumplir con la directiva comunitaria de aguas, dado que en su estado actual vierte los residuos con unas impurezas no acordes a esa normativa.
En abril de 2018, remitió al Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio señalando que lo tenía todo listo, y estimaba que en agosto licitaría las obras de mejora, con un precio de salida de 15,6 millones, IVA excluido. Contando los impuestos, se situaban cerca de esos casi 19 millones por los que salen ahora a contratación. Los trabajos, precisaba aquel anuncio en el boletín, se financiarían con fondos europeos FEDER asignados al periodo 2014-2020. Semanas después, el ministerio dijo que sacaría ese contrato dentro del Plan CRECE 2014-2020. Tras esos comunicados, el asunto volvió al cajón y se mantuvo en compás de espera. Hasta la reunión del Consejo de Ministros de ayer. No obstante, el Principado, a través del consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, ya había anticipado en las últimas semanas que se iba a producir esta novedad con la depuradora del oeste de forma inminente.
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Con la entrada en servicio de La Reguerona, en julio de 2005, la zona oeste de Gijón fue durante más de una década la única que cumplió con los criterios de calidad de las aguas fijados en la normativa medioambiental europea. La planta ha supuesto una inversión de más de 60 millones de euros, entre la construcción, puesta a punto y realización de mejoras y obras complementarias a lo largo del tiempo.
Esta depuradora, a pesar de ser más rudimentaria y menos eficiente que la construida y paralizada judicialmente en El Pisón, depura un caudal medio de 77.000 metros cúbicos al día o 26 millones de metros cúbicos al año. El rendimiento en eliminación de sólidos en suspensión venía siendo superior al 75% y en DBO5 solía ser mayor de un 65%.
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Eso es para la zona oeste. Pero en la zona este también se han producido recientemente novedades en materia de saneamiento con la obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para la depuradora construida en El Pisón y que lleva paralizada judicialmente desde abril de 2016. La declaración que concluye todo el trámite ambiental se emitió por parte de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del ministerio con fecha del pasado 15 de noviembre. Sin embargo, aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos semanas después.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) estima que, si no surgen nuevos impedimentos judiciales en los próximos meses por los recursos de los vecinos de El Pisón, todavía harán falta año y medio y 5,6 millones de euros para poder concluir y activar la EDAR.
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