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IVÁN VILLAR
GIJÓN.
Jueves, 19 de julio 2018, 00:24
Aseguraba hace una semana la concejala de Hacienda, Ana Braña, que «la voluntad del equipo de gobierno es aplicar las medidas del plan económico y financiero, se apruebe el documento o no». Y, finalmente, deberá trabajar sobre la base de la segunda de esas opciones. ... Ayer el Pleno se posicionó en contra del texto que recogía las previsiones de gasto para 2018 y 2019, que únicamente obtuvo el respaldo de los concejales de Foro. Como estaba previsto, los tres grupos de la izquierda (PSOE, Xixón Sí Puede e IU) votaron en contra, mientras que PP y Ciudadanos optaron por la abstención. Todo, pese a la insistencia de Braña de que «no es un plan de recortes» y de que las limitaciones serían las mismas aunque no se hubiera superado la regla de gasto en 2017. «La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a las administraciones a no incrementar el gasto más de un 2,4% con respecto al año anterior. Lo que nos diferencia diferencia de otros municipios es que tenemos que plasmar por escrito cómo lo vamos a hacer».
La edil señaló que el gasto total pasará de los 209 millones de euros del año pasado a un máximo de 210,5 millones este y 216 en 2019. Destacó que habrá 14 millones de euros para inversiones «frente a los 12 millones reconocidos en 2017», se mantendrán todos los convenios con entidades del tercer sector y en el capítulo de transferencias de capital habrá fondos suficientes «para pagar todas las ayudas a fachadas que ya están justificadas y alguna más». Recordó por otra parte que la superación de la regla de gasto que ha obligado a elaborar este documento se dio como consecuencia de ejecutar en un 82% «un presupuesto aprobado por el Pleno», por lo que pidió «un ejercicio de responsabilidad» a los grupos que, con su voto a favor (PP) o su abstención (Xixón Sí Puede e IU), facilitaron la aprobación de esas cuentas. Remarcó que «la principal causa del incumplimiento» fue el aumento del gasto social e hizo una alusión particular a los 5,2 millones que se dedicaron a la renta social municipal «a solicitud de Xixón Sí Puede e IU».
El portavoz municipal del PP, Pablo González, reprochó a Braña sus alusiones a otros partidos y aseguró que «a nosotros no se nos ocurriría culpar a los partidos que hacen propuestas, porque gestionar es responsabilidad de quien gobierna. Y mientras a nosotros, cuando pedimos reducir impuestos, nos preguntan dónde queremos recortar gasto, a ellos les aceptaron esas medidas sin recortar en ningún lado». González consideró que la situación actual es consecuencia de que «Foro ha traicionado todo lo que prometía en 2011. Decía que se centraría en reducir el presupuesto, que ha pasado de 197 a 227 millones; en sanear la deuda, que ahora es de 24 millones de euros al año; y en contener el gasto, que ha pasado de 161 a 193 millones de euros. Llegaron asegurando que no eran políticos, sino gestores que venían a solucionarlo todo. ¿Y no saben cumplir una regla de gasto? No dicen ni una verdad, y al final el recorte se lo aplicarán a ustedes los gijoneses en mayo del año que viene».
También Aurelio Martín, de IU, afeó a la concejala de Hacienda que «eche la culpa a los demás», así como que centre las críticas en la renta social municipal. Recordó que en 2016, sin esa línea de ayudas, «el Ayuntamiento ya estuvo a punto de incumplir la regla de gasto, con solo 200.000 euros de margen». Y añadió que durante las negociaciones con el equipo de gobierno para dedicar fondos a este programa «preguntamos si se podría mantener en el tiempo y nos aseguraron categóricamente que sí, aunque ya sabían que se iba a superar la regla de gasto. Y si no lo sabían, ¿qué clase de director económico tienen?».
El portavoz socialista, José María Pérez, rechazó el argumento del equipo de gobierno de que el plan no prevé recortes y advirtió de que sus efectos se están notando ya en el capítulo de personal. Mencionó casos concretos de trabajadores municipales que han sido «enviados al paro» al no renovarles el contrato que se les había hecho para paliar el exceso de trabajo que había en algunas áreas, así como la renuncia a contratar este año auxiliares de policía para el verano y gente de las bolsas de empleo de Emulsa, «algo que afectará a la limpieza urbana y a la seguridad ciudadana». Añadió que «no hay dinero suficiente para hacer frente a todas las ayudas a fachadas que se están tramitando» y consideró que «frenar la economía local va a castigar a los contribuyentes a los que dicen defender». Advirtió en este sentido de que en lo que queda de legislatura «miles de personas se quedarán sufriendo en carne propia su pésima gestión económica y la irresponsabilidad de sus cómplices habituales».
La concejala Nuria Rodríguez, de Xixón Sí Puede, centró su intervención en criticar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de la que se deriva la obligación de presentar el polémico plan económico. «Es una auténtica barrabasada», dijo con respecto a esa norma, que urgió a modificar. «Hay un compromiso del actual Gobierno de Pedro Sánchez, y ya está tardando, porque así esto ni debería estar votándose en el Pleno. Este Ayuntamiento está saneado y tiene dinero, pero no lo puede utilizar porque lo impide esa ley».
José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, justificó su abstención en que la aprobación del plan «es una exigencia legal. Estaríamos más cómodos votando 'no', pero debemos ser responsables». Recordó que su grupo advirtió de que la renta social iba a llevar a incumplir la regla de gasto y pidió a Foro que para evitar repetir errores «sea honesto a la hora de adquirir compromisos y no siga la senda de los ayuntamientos que se llaman del cambio ni deje un Ayuntamiento en desequilibrio financiero».
«Ya está bien de asumir competencias sin recursos suficientes. Lo rechazo de forma absoluta, y me siento amparada por la Federacón Asturiana de Concejos». Carmen Moriyón manifestó ayer su oposición a hacerse cargo con medios municipales de la limpieza de los cauces urbanos de los ríos, pese a las sentencias que dicen que su mantenimiento es responsabilidad de los ayuntamientos. «El Supremo ni reparte competencias ni asigna recursos», dijo en respuesta a una iniciativa de Ciudadanos para crear un servicio municipal para ello.
Pese al apoyo de Xixón Sí Puede y Ciudadanos, el PP no logró que prosperara su propuesta para negociar con Liberbank el traspaso de la gestión del Palacio Revillagigedo para su uso municipal con fines culturales y turísticos. Foro e IU votaron en contra y el PSOE se abstuvo. La concejala de Cultura, Montserrat López, que acusó al PP de «vender humo», aludió a sus elevados costes de mantenimiento y a que sus técnicos no pueden atender más equipamientos. «El día que Liberbank le dé otro uso, no les quiero ver llorar», replicó Pablo González, del PP.
La propuesta para segregar de dos parcelas municipales dos sobrantes de 438 y 398 metros cuadrados para su posterior venta al tanatorio de Cabueñes solo obtuvo el apoyo de los concejales de Foro (8) y PP (3), un número insuficiente para llevar adelante la operación, que requería de mayoría absoluta. El resto de partidos se abstuvieron, Xixón Sí Puede mostrando sus dudas sobre un informe de Patrimonio al respecto. El tanatorio necesita esos terrenos para su ampliación, de cara a la construcción de un horno crematorio.
La concejala Ana Braña, en respuesta a una pregunta de Xixón Sí Puede, señaló que la concesión de la licencia de apertura al matadero de Roces no será posible «hasta que se cumplan con las medidas correctoras que recoge el informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente». David Alonso criticó que la instalación lleve funcionando de esta manera desde finales de los años noventa -según Braña entonces estaba «exenta»- y que una subvención de 275.000 euros para construir una depuradora se destinara a otro fin «y aún no la tengan».
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