El Gobierno central concede el permiso ambiental para la depuradora del este

Esta resolución determinará, a efectos ambientales, en qué condiciones puede culminarse el proyecto de construcción definitivo de la planta de Somió, que quedó pendiente de remates de obra cuando la Audiencia Nacional dio la orden de paralización de toda actividad en su interior en abril de 2016. Se da por hecho que la DIA validará todo el trabajo ambiental realizado durante los dos últimos años por la consultora asturiana Taxus que ratificó El Pisón como la ubicación más idónea. También que incluirá y detallará las medidas correctoras y compensatorias para poder arrancar la estación depuradora.

En función de la importancia de los cambios que se apunten desde el órgano ambiental se tardará más o menos en cerrar el proyecto definitivo de la depuradora por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), someterlo a aprobación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y sacar a licitación las obras pendientes que añadirán nuevos costes con cargo al erario público a los 36 millones de euros ya invertidos en la controvertida infraestructura de saneamiento. Habrá que elaborar también un plan de vigilancia ambiental que debe velar por el cumplimiento de lo planteado por la DIA.

En paralelo a todos estos trámites la Abogacía del Estado pondrá en conocimiento de los tribunales que ya han sido subsanadas todas las deficiencias que llevaron a la anulación de la primera declaración de impacto ambiental, obligando a rehacer toda la tramitación administrativa.

Desde el pasado julio las aguas residuales que generan los vecinos de la cuenca este de Gijón vuelven a vertirse al Cantábrico, a través del emisario submarino de Peñarrubia, sin ningún tipo de pretratamiento previo. El Tribunal Supremo revocó la autorización judicial que permitió activar los filtros de desarenado y desengrasado de la planta construida semisoterrada en Somió al lado de la 'Plantona'.

Respecto al estudio de ruidos que fue encargado en los últimos meses a la propia consultora Taxus, la que elaboró el estudio de impacto ambiental que ratifica El Pisón como mejor opción, valida todos los trabajos sobre la incidencia ambiental de las emisiones acústicas realizados con anterioridad. El estudio, en sus conclusiones, señala que «ninguna de las fachadas de los receptores estudiados para cada una de las alternativas se encuentra por encima de la isófona de 55 decibelios, no considerando ninguna vivienda de las circundantes en riesgo de exposición al ruido». Y añade que «el ruido total recibido por los receptores estudiados en cada una de las alternativas no se encuentra en ningún caso por encima de los 55 decibelios».

Los vecinos de El Pisón habían previsto un escenario en que la Administración central actuase de esta forma y, a través de su abogado Marcelino Abraira, han avanzado que combatirán por la vía penal cualquier intento de legalizar la planta construida junto a la colonia de chalés.