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IU y Podemos se quedaron solos en la defensa de su propuesta para instar al Principado a declarar como zonas de mercado residencial tensionado todos los distritos urbanos de Gijón ... , y no solo La Arena y Cimavilla. Basaban su petición en un informe encargado por la Consejería de Vivienda que señala que en todos ellos el precio medio del alquiler supera el 30% de la renta media de los hogares. «Es necesario tomarse en serio este problema, con una intervención pública integral», reclamó el portavoz de IU, Javier Suárez Llana. La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, criticó que se rechacen medidas de control calificándolas como intervencionistas, «cuando el mercado de la vivienda ya está intervenido, pero por empresas, fondos buitre y rentistas».
El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, manifestó dudas sobre los datos en los que se basa el estudio de la consejería y apuntó que si se atiende a la evolución de los precios de alquiler en relación a a la inflación «ninguna zona de Gijón reúne los requisitos para ser zona tensionada». Añadió, no obstante, que «ahora toca elaborar los informes que restan» para conocer la situación real en Cimavilla y La Arena, porque «cualquier toma de decisiones debe hacerse teniendo antes datos». Y reiteró su «rechazo frontal» a cualquier medida «altamente regulatoria o intervencionista» en estos barrios, «no ya solo por una cuestión de ideología, sino por pura lógica: ¿Por qué alguien que no está poniendo su piso en alquiler pudiendo hacerlo a un precio libre, va a sacarlo a un precio más bajo que le fije el Gobierno?». Añadió que «las medidas no pasan por la imposición, sino por incentivar la oferta. Y las que se pongan tendrán que ser consensuadas con el Ayuntamiento».
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Tampoco salió adelante la propuesta de estos mismos grupos para aprobar una nueva moratoria para la apertura de viviendas de uso turístico. Con respecto a esta cuestión, Martínez Salvador reiteró que, con la nueva Ley de Turismo, no es necesaria.
También se debatió una iniciativa de Vox en la que instaba a disolver la Empresa Municipal de la Vivienda y que sus funciones sean asumidas por la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Su portavoz, Sara Álvarez Rouco, lo defendió como una forma de «racionalizar la estructura municipal y mejorar la gestión». No salió adelante, pero sí tuvo el voto favorable del PP y del concejal no adscrito, Óliver Suárez, que se desmarcaron de su socio de gobierno, Foro.
El apoyo del PP llegó tras la aceptación de una enmienda para cambiar el texto inicial y reducir el compromiso a «estudiar la posibilidad» de que Emvisl sea absorbida por Servicios Sociales. El concejal Guzmán Pendás recordó que esta propuesta ya venía en el programa del PP, aunque recordó el momento delicado en el que está el ámbito de la vivienda. «Decimos sí a estudiar si es viable, pero no para iniciar el proceso si no es con garantía de tener mejores resultados con los mismos recursos».
El comité de empresa de Emvisl intervino en el Pleno para pedir «que no se generen dudas e incertidumbres» sobre su continuidad.
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