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Gijón volverá a verter al mar las aguas residuales que genera la mitad de su población por el emisario de Peñarrubia sin ningún tipo de tratamiento previo. Y además en pleno verano y con sus playas atestadas de bañistas. El Tribunal Supremo ... acaba de fallar a favor de los vecinos de El Pisón revocando la la autorización de la Audiencia Nacional que permitió hace un año la puesta en funcionamiento parcial de la depuradora del este. El Alto Tribunal ordena en su resolución parar de manera inmediata el desarenado y desengrasado en las instalaciones de saneamiento inacabadas de Somió. Unas labores de las que se viene encargando desde el pasado mes de agosto la empresa pública Tragsa.
El Alto Tribunal asume uno por uno los argumentos de los propietarios de la urbanización de chalés colindante, quienes esgrimieron que la propia Administración central había reconocido que el pretratamiento (el desarenado y desengrasado) que se venía realizando en la 'Plantona' hasta su desmantelamiento no tiene función depuradora y, por tanto, no resuelve la problemática real de saneamiento de la cuenca este y de la ciudad de Gijón. En el fallo se remarca que este pretratamiento que se autorizó «aporta un muy pequeño rendimiento en la operación global de la depuración del agua residual, por lo que la única opción, si se quiere asegurar unas condiciones sanitarias y de salubridad adecuadas en el vertido al medio marino, es la depuración completa».
Contra esta sentencia, que sienta además doctrina jurisprudencial para casos similares que se puedan producir en otras localidades españolas, no cabe recurso. El abogado de los vecinos de El Pisón, Marcelino Abraira, avanza que procederá a requerir al Ayuntamiento de Gijón, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el Ministerio de Transición Ecológica a que acaten de inmediato este fallo judicial. De lo contrario, advierte, levantará acta notarial del posible incumplimiento con daños y perjuicios y lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía, tanto de Madrid como de Gijón, que están analizando en este momento la posible comisión de delitos tanto por políticos como por funcionarios por insistir en la elección de El Pisón como ubicación idónea para la depuradora.
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