Gijón renuncia a incrementar el IBI a las viviendas vacías durante más de dos años

En el articulado estatal sí especifican que los recargos sólo se podrán aplicar sobre viviendas que pertenezcan a un propietario con dos o más inmuebles. La penalización sería de al menos el 50%, llegando a un máximo del 150% en función de la duración de la desocupación y del número desocupadas que sean del mismo titular. El objetivo de esta disposición legislativa es -dicen- ganar optimización del uso del parque edificatorio residencial.

Tampoco está en el ánimo del Ayuntamiento, aunque en este aspecto la negativa es menos rotunda -«tendremos que estudiarlo pero no es nuestra idea»-, limitar el precio del alquiler de larga duración en Cimavilla y La Arena. Desde luego, el primer paso para que el Ayuntamiento tenga la facultad de hacerlo ya está dado, pues ha pedido a la Consejería de Ordenación del Territorio que analice si estos dos barrios son zonas tensionadas, requisito ineludible según la Ley de Vivienda para limitar los precios.

¿A qué se considera una zona tensionada en el ámbito urbanístico? Pues a los barrios donde el esfuerzo financiero del morador para el pago del alquiler supere el 30% de la renta media de la zona, o que los precios hayan aumentado al menos tres puntos por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC).

La reducción del IBI para 2024 fue uno de los puntos del acuerdo de gobierno de Foro y Vox. El pleno de ordenanzas fiscales fue bronco entre ambas formaciones (que ya por cierto habían roto el pacto de gobierno) porque Rouco, portavoz de Vox, acusaba al gobierno de Moriyón de faltar a sus promesas electorales. «Si lo querían rebajar, que hubieran presentado una enmienda para su estudio», dijo entonces María Mitre. Sin cambios en el IBI, lo mismo ocurrió con la viñeta, plusvalía, IAE e Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, tributos que junto al mencionado IBI reportan cada año al Ayuntamiento unos ingresos que rondan los cien millones de euros.

Y, entre tanto, hoy la comisión de Urbanismo aprobará, a todas luces, la moratoria en la concesión de licencias para las Viviendas de Usos Turísticos (VUTs) en Cimavilla, Centro, La Arena y Fomento. Deberá después pasar por el Pleno extraordinario del día 24 para que se lleve a efecto la proposición. Pese a las advertencias de los profesionales del sector, quienes advierten que el Consistorio no tiene competencias para la moratoria, y las de Izquierda Unida, cuyo portavoz, Javier Suárez Llana, avisó en el Pleno de esta semana que sectorizar por barrios el cierre de licencias no era seguro jurídicamente, Urbanismo y Turismo avanzan en sus intenciones.

Sabe este periódico que hay varios grandes tenedores de licencias que esperan a conocer los fundamentos jurídicos municipales de la proposición para estudiar el inicio de un proceso judicial. El presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Asturias, Manuel Herminio García, avisa que declarar zonas saturadas a los barrios que proponen, «además de ilegal», implicaría también la prohibición de establecimiento o ejercicio de nuevas actividades turísticas. Este apunte que motiva García está recogido en el artículo 19 de la Ley de Turismo del Principado, que establece como actividades turísticas el alojamiento, la restauración, la intermediación y el desarrollo de turismo activo.

«Daremos pasos firmes y seguros en el desarrollo del Gijón del futuro», decía esta semana Pumariega. Hoy la comisión de Urbanismo dará el primero de ellos.