«Atajar la prostitución en pisos es mucho más complicado que en clubs»

La Brigada de Extranjería de la Jefatura de la Policía Nacional cuenta con un grupo especializado en la lucha contra la prostitución y las redes de proxenetismo que operan en la región. España es el país con más demanda de sexo pagado, un fenómeno al que la ciudad no es ajena.

«Suelen seguir siempre el mismo patrón. Una chica llega a un club o piso, está unas tres semanas prestando servicios y antes de que se cumpla un mes se traslada a otra comunidad autónoma. Los clientes quieren caras y cuerpos nuevos, de ahí que haya siempre movimiento entre provincias», señala S.G., jefe del llamado grupo de Personas, encargado de las investigaciones de explotación sexual.

Durante los meses que se prolongó la restricción de desplazamientos por el territorio español debido a la pandemia esa práctica se vio modificada. Hubo quien disfrazó esos trayectos a otros clubes como viajes esenciales, pero la mayor parte de las prostitutas quedó durante meses en un sitio fijo. Desde que el 9 de mayo se levantase el estado de alarma y se autorizasen los desplazamientos, ha vuelto la rotación entre clubes de alterne y pisos de citas.

Las mujeres que ejercen la prostitución libremente «son las menos». La mayoría llega «engañada o parcialmente engañada de su país de origen». Las ciudadanas rumanas, nigerianas y latinoamericanas son mayoritarias en las redes de explotación sexual. «Muchas no saben que vienen a prostituirse a España, las engañan con falsas expectativas de trabajo, y otras lo saben a medias, es decir, los captadores en sus países les dicen que contraerán una deuda de 3.000 euros que tendrán que ir devolviendo, lo que no saben es que las van a tener encerradas en un piso, que se quedarán con el 50% de todos los servicios que hacen y que solo podrán salir una hora al día a la calle para hacer las compras», explica el jefe del grupo.

Para ellos el contacto con la víctima es uno de los momentos más delicados de toda la investigación. «Hay que hacer que se sientas seguras, que sepan que pueden confiar en la Policía y que su testimonio es clave para poder detener a los proxenetas», añaden. Son muy pocas, «una cada tres años aproximadamente», las mujeres que acuden por decisión propia a la Policía para denunciar que son víctimas de redes de prostitución. En la inmensa mayoría de los casos, son los agentes de la Brigada de Extranjería, los que contactan con las víctimas de las redes.

Autorización judicial

Sin embargo, la pandemia ha supuesto un escollo. Mientras que los controles de la actividad en los clubes eran realizados por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo sin necesidad de contar con una autorización judicial, al tratarse de un local abierto al público, en el caso de los domicilios particulares la investigación se complica. Las fuerzas de seguridad tienen que tener un permiso del juez.

De los cañones de luz anunciando la presencia de los grandes clubes se ha pasado a la discreción de los pisos, donde la capacidad de intervención policial es menor y el control que ejercen sobre las mujeres, mayor.

Las condenas para los proxenetas oscilan entre los tres y los cinco años. Los que llegan a ser juzgados. La semana pasada en Gijón se suspendió por tercera vez un juicio para los dos responsables –hombre y mujer– de tener a trece mujeres trabajando en un club de alterne ubicado en un piso de la avenida de la Costa. Un largo periplo en el que la Policía pone todo y más para acabar con la lacra de la prostitución.