Gijón prevé aplicar el recargo del IBI a las viviendas vacías que contempla la nueva ley

«Nosotros ya intentamos hace años establecer un recargo, pero ahora mismo no es posible por las lagunas legales», explicó la portavoz socialista, quien remarcó que en el ámbito municipal su partido «siempre ha manifestado la necesidad de una regulación legal clara que permita establecer medidas que hagan aflorar las viviendas vacías».

Pineda afirmó de forma rotunda que «en cuanto esta ley esté aprobada la aplicaremos en Gijón», aunque advirtió del «arduo trabajo» que supondrá localizar las viviendas que coincidan con las características que permitirán aplicar un IBI más elevado. «En ningún caso va a ser posible aplicarlo de un día para otro».

Aunque el Consejo de Ministros aún debe aprobar el texto definitivo, las informaciones conocidas hasta ahora recogen cuatro criterios para poder gravar estos inmuebles hasta un 150% más. Por un lado, deberán pertenecer a propietarios con al menos cuatro inmuebles. A partir de ahí, el primer 50% de incremento sería de libre aplicación por parte de los ayuntamientos. Otro 50% adicional solo se podría cobrar cuando una de esas viviendas lleve más de dos años vacía. Y el tercer 50%, cuando esto se dé en más de dos viviendas.

En todos los casos cabrían excepciones que permitan justificar que no se dé uso a esos inmuebles, como por ejemplo un traslado por razones laborales. Con estos recargos, un recibo del IBI de 300 euros podría incrementarse hasta los 750 euros.

El avance de un estudio realizado por la Universidad de Oviedo para la Empresa Municipal de Vivienda cifra en 7.010 los inmuebles vacíos en Gijón, a los que se suman otros 14.490 «vacíos o infrautilizados». La estimación se hizo a partir de datos del padrón, el abono del IBI y el consumo energético de las viviendas.

Antes de que la concejala de Hacienda hiciera estas declaraciones, la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, ya anunció que su grupo pediría en el marco de la negociación de las ordenanzas fiscales para 2022 que se contemplara este gravamen especial para los pisos vacíos. «La ley que se va a aprobar supone un cambio de paradigma en la forma en la que este país aborda el tema de la vivienda y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a ella», celebró la edil, quien señaló que si bien el «vacío legal» que existía hasta ahora en Asturias complicaba aplicar este tipo de medidas, «ahora que sí tendremos antes de fin de año una definición legal de lo que se considera vivienda vacía, ese IBI se podría poner ya para 2022».

Muy diferente fue la acogida a la nueva normativa estatal en la oposición. «Nos opondremos a cualquier intento de aplicar en Gijón estas medidas, que son más populistas que efectivas y generan inseguridad jurídica», advirtió Rubén Pérez, de Ciudadanos. «No apoyaremos ningún intento de subir impuestos ni de intervenir el mercado local de viviendas, sino que defenderemos la propiedad privada y apostaremos por mejorar los programas de la Empresa Municipal de Vivienda para facilitar el acceso a una vivienda digna a los colectivos con mayores dificultades», añadió.

«Defendemos apoyar el acceso a una vivienda digna, pero no estamos de acuerdo con penalizar a quien con mucho esfuerzo ha llegado a tener varias propiedades», apuntó el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador. Ángeles Fernández-Ahúja, del PP, consideró la futura ley «un atentado contra el derecho a la propiedad privada» y acusó al PSOE de «ceder ante la izquierda radical, demostrando un acusado intervencionismo». La prioridad, anotó, «debería ser crear empleo para que los jóvenes tengan salarios estables que les permitan acceder a la vivienda».

Para Alberto López-Asenjo, edil no adscrito, «este alejamiento de la realidad crea indefensión e inseguridad jurídica. Y lejos de dar más transparencia al mercado, lo que generará son distorsiones».