Desde la entrada en vigor de la modificación de la ley de turismo del Principado de Asturias, el pasado 2 de diciembre, no ha abierto ninguna nueva vivienda de uso turístico (VUT) en la ciudad. Dicha modificación «nos permite a los ayuntamientos tener más herramientas ... para poder regular los nuevos pisos turísticos en el concejo», valora el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, «porque, entre otras cosas, la nueva ley exige un certificado de la junta de propietarios de la comunidad para poder iniciar la actividad y contar con un contador independiente para los suministros».
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Esos dos requisitos, sumados a los ya existentes, «nos permiten tener un mayor control» sobre la actividad de viviendas de uso turístico y su proliferación, añadió Martínez Salvador.
Martínez Salvador realizó estas declaraciones a EL COMERCIO tras reunirse en Oviedo con la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, en un encuentro «muy fructífero» en el que también estuvieron presentes la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y el director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera.
Cabe recordar que el próximo 2 de febrero expira el plazo de un año de la moratoria municipal por la que Gijón suspendió la tramitación de las comunicaciones ambientales que permiten abrir nuevas viviendas de uso turístico, medida que se aplicó en las zonas de Cimadevilla, Centro y La Arena. Con la reforma de ley autonómica y las medidas que, a mayores, pueden adoptar las administraciones locales, el Ayuntamiento de Gijón considera que será suficiente para regular esta actividad.
Entre las medidas que baraja el equipo de gobierno gijonés, y que se han comentado en la reunión de esta mañana, se encuentran que en aquellos distritos censales en los que se supere un determinado umbral de pisos de uso turístico sobre el total de viviendas, se «suspende puntualmente la concesión de nuevas VUTs». Hay ciudades, como Málaga, que decidió que ese umbral fuera del ocho por ciento. En el caso de Gijón, «está por decidir» pero «es posible que se sitúe por debajo de ese ocho por ciento», precisó Martínez Salvador, que apuntó que la decisión será consensuada entre las áreas de Urbanismo y Turismo.
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Una posible vía para poder establecer ese ingreso es mediante la declaración de zonas turísticas protegidas. Otra, explicó el edil, la modificación del Plan General de Ordenación.
«Ahora lo que tenemos es tiempo para explorar todas las vías y actuar en consecuencia. Pero tenemos la tranquilidad de que sabemos que, gracias a la moratoria y gracias a la ley, ya está bastante controlado».
«Lo que sí sabemos es que ninguna zona fuera de la zona de gran afluencia turística va a tener esa limitación porque los porcentajes de pisos turísticos sobre viviendas en esos distritos es muy pequeño», anotó.
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«Fuimos un ayuntamiento pionero en cuanto a regular las viviendas de uso turístico y así debemos seguir siendo», subrayó por su parte la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. Para Ángela Pumariega, lo importante en esta cuestión es que las dos adminitraciones, la local y la autonómica, trabajen de forma conjunta y coordinada. «Gijón es un concejo en el que el turismo ha crecido muchísimo pero también lo queremos considerar uno de los motores económicos de la ciudad». A la vista de ese crecimiento del número de turistas que apuestan por Gijón para pasar sus vacaciones, «creemos que es el momento oportuno de actuar y poner un orden sobre el turismo que queremos ofrecer» para garantizar «un equilibrio» con los residentes en la ciudad y que Gijón sea un destino «sostenible y de calidad».
En la reunión de ayer con Lara Martínez, los ediles de Foro y PP también aprovecharon para solicitar al Principado la actualización del registro de actividades turísticas en lo relativo al número de VUT que cuentan con autorización autonómica. Dicho registro «está desactualizado», apuntaron: «En el año 2024 figura que solo se concedieron dos nuevas autorizaciones».
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Pueden sonar a lo mismo, pero no lo son. Las zonas turísticas protegidas son áreas en las que se superan los niveles máximos de oferta y demanda, tanto de actividades como de establecimientos, o donde se pone en riesgo el medio ambiente o los recursos turísticos básicos. Están contempladas en la reforma de la ley asturiana de Turismo. Otra ley, la 12/2023 del 24 de mayo, define como zona tensionada aquella región en la que se observa un desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas de alquiler, lo que genera un aumento de los precios sostenido y constante que dificulta el acceso a la misma.
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