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I. VILLAR
GIJÓN.
Jueves, 22 de noviembre 2018, 02:35
Todos los grupos municipales de la Corporación se manifestaron ayer en contra de la posibilidad de que el Ayuntamiento de Gijón tenga que contribuir al pago de la multa de 22 millones de euros que la Unión Europea ha impuesto a España ... por la mala depuración de las aguas en varias ciudades, entre ellas Gijón. Una de las más rotundas fue la concejala de Hacienda y presidenta de la Empresa Municipal de Aguas, Ana Braña, quien aseguró que la ciudad «ni debe ni puede pagar lo que es una consecuencia de las decisiones del Gobierno central sobre la depuradora». La edil señaló que «como Ayuntamiento, y como Foro, lo que nos toca en este momento es exigir que en la zona este exista depuración ya, y con respecto a esa declaración de intenciones, simplemente entendemos que ni nos corresponde asumir los errores de otros, ni lo vamos a hacer. ¿Cómo va a pagar el Ayuntamiento por algo que es responsabilidad de otras administraciones, en este caso el Estado?».
Desde Xixón Sí Puede señalaron que «no existe ninguna base jurídica para repercutir directamente sobre la ciudad el coste de multa. Sería un despropósito que solo contribuiría a prolongar el pago en el tiempo y aumentar los intereses». No obstante, apuntaron que sí se podría hacer de forma indirecta, ya sea a través del canon de saneamiento o la implantación de tasas por depuración. «Cualquier mecanismo legal que intenten seguir para que los gijoneses paguen esa sanción tendrá nuestro rechazo frontal. Si alguien tiene que pagar, son los responsables de esta situación», advirtió el diputado regional de Podemos Héctor Piernavieja. El concejal David Alonso añadió que, si se diera ese caso, «plantearíamos responsabilidades patrimoniales contra los gestores políticos que nos han llevado hasta aquí». El edil consideró que la sanción de 22 millones de euros «se incrementará seguro en once millones más, porque la depuradora no empezará a funcionar, con suerte, hasta finales de 2019».
César González, del PSOE, defendió que «el ministerio no se plantea en ningún caso hacer algo así con respecto a Gijón», ya que si bien en otras ciudades la situación que ha llevado a la sanción de la UE es responsabilidad de sus respectivas administraciones municipales, «aquí es evidente que la gestión y tramitación de toda la obra le corresponde a él. La historia no tiene más recorrido».
El portavoz del PP, Pablo González, consideró esa posibilidad como «un nuevo golpe que el Gobierno central quiere darle a Gijón, haciendo pagar a sus ciudadanos por algo cuyas competencias quedan claras en la ley». Aurelio Martín, de IU, calificó esa opción como «un despropósito y una tomadura de pelo» y señaló que «para Gijón sería un doble castigo tenerla sin depuración y encima hacerle pagar la multa». Recordó que el estudio de impacto ambiental de la depuradora ahora paralizada fue aprobado por la actual ministra cuando era secretaria de Estado. «Que se miren en el espejo, porque las responsabilidades las tienen al lado», criticó. También Ciudadanos cree que «el Ayuntamiento de Gijón debe quedar libre de cualquier responsabilidad».
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