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El Defensor del Pueblo ha instado a 33 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, entre los que se encuentra Gijón, a establecer «cuanto ... antes» las zonas de bajas emisiones que les obliga a crear la Ley de Cambio Climático y que deberían haber entrado en funcionamiento en 2023. En noviembre del año pasado ya les pidió explicaciones por no haber iniciado la regulación de estas zonas o por «haber ralentizado o suspendido su implantación». Ahora, tras haber recibido los informes que les había solicitado, considera que los argumentos que esgrimen todas estas ciudades están «injustificados», por lo que les traslada varias recomendaciones.
Por un lado, les insta a «iniciar cuanto antes los trámites para aprobar y poner en funcionamiento sus zonas de bajas emisiones» o, en el caso de haberlos iniciado ya, a evitar «más dilaciones o retrasos» para poder tenerlas operativa «a la mayor brevedad». Añade además que «la elaboración de los informes y estudios exigidos por la ley» para su aprobación (económicos, ambientales, de impacto social y de género...) en ningún caso puede servir de excusa «para alargar de manera excesiva su implantación». En lo que respecta a los requisitos que deben cumplir esas zonas, señala que tienen que abarcar un área «que incluya una parte significativa de la población y la superficie del municipio» e incluir entre sus medidas «restricciones a la entrada, circulación y estacionamiento de vehículos en función de su distintivo ambiental, sin que puedan establecerse excepciones a las mismas y sin que la aprobación de medidas alternativas de mejora de la movilidad puedan servir para sustituir a esas restricciones».
A raíz de la publicación de estas recomendaciones del Defensor del Pueblo, el concejal socialista Tino Vaquero anunció que mañana preguntará en la comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Participación «si considera que la zona de bajas emisiones anunciada para La Calzada cumple con esas indicaciones, ya que el concejal Pelayo Barcia habla de una zona sin sanciones y que no tenga en cuenta el distintivo ambiental».
El edil de Tráfico respondió que «si el señor Vaquero se leyese el decreto que regula las zonas de bajas emisiones descubriría que en él no se mencionan los distintivos sino la clasificación ambiental de la DGT. No es estrictamente necesario prohibir la circulación a los vehículos sin pegatina, porque forman parte de la clase 'A'». Insistió en que en La Calzada la regulación se hará «por episodios ambientales y dando prioridad a los residentes independientemente del vehículo que posean». Añadió que los documentos técnicos y el borrador de la ordenanza ya están solo pendientes de las últimas firmas, por lo que «antes de que finalice el año» la junta de gobierno podrá aprobar el proyecto de zona de bajas emisiones para iniciar su tramitación formal. Tras su aprobación se llevará al Consejo Sectorial de Movilidad. Los fondos europeos con los que se ha financiado la asistencia técnica para elaborar este borrador obligaba a que esté entregado antes del 31 de diciembre.
El Consejo Sectorial de Medio Ambiente se reunió ayer para abordar el tema de los sondeos mineros en varias parroquias limítrofes con Siero. El encuentro contó con la participación del director general de Calidad Ambiental del Principado, Pablo Álvarez Cabrero. Ante la preocupación vecinal por una posible ampliación de la mina de fluorita de La Viesca indicó que «no hay constancia de que estos sondeos se vayan a concretar luego en una explotación minera», pues podría darse el caso de que no se encuentren el mineral o que no resulte rentable su extracción. Sí garantizó que «en todo lo que se realice habrá garantías legales». En este sentido, el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, agradeció «el compromiso de que, dentro de su margen de maniobra, se opondrán a esa explotación si supone un impacto medioambiental negativo.
Por su parte el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, se comprometió a crear un canal de comunicación directa con los vecinos afectados, tanto para conocer sus inquietudes para informarles de posibles autorizaciones. Y recordó a los propietarios de fincas que la empresa debe pedirles autorización para realizar sondeos en ellas.
«Información» es lo que más reclamó el representante de la federación de la zona rural, Les Caseríes, José Ramón Uría. Desde la plataforma Somos Valle del Agua manifestaron que «no nos fiamos en absoluto de la empresa» y aseguraron tener claro que «parando los sondeos, se p ara la mina».
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