Gijón

La Calzada urge «un calendario e información» sobre los planes para la zona de bajas emisiones

Por tamaño, al superar los 50.000 habitantes, Gijón está obligada a definir un área que contemple restricciones al tráfico encaminadas a la mejora de la calidad del aire. Y ya el pasado mandato, por sus problemas de polución, se eligió como espacio más adecuado para ello el barrio de La Calzada, recurriendo además al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la obtención de fondos europeos que contribuyeran a su puesta en marcha. A través del proyecto 'Zona de Bajas Emisiones de La Calzada e impulso a la movilidad sostenible y saludable', el Ayuntamiento captó 6,9 millones de euros para una amplia batería de actuaciones que incluía desde el nuevo sistema público de préstamo de bicicletas a la construcción de carriles bus como los de Constitución y Pablo Iglesias. Y ya específicamente en La Calzada, el carril bici ejecutado en la calle Los Andes, la remodelación de calles en la denominada 'ecomanzana' y el suministro e instalación de los dispositivos tecnológicos que permitan controlar el acceso y circulación de vehículos por un área de más de 4.500 metros cuadrados situado al oeste de la avenida del Príncipe de Asturias.

Como el resto de actuaciones financiadas por la Unión Europea en el marco de este proyecto, los equipos contratados por el anterior gobierno municipal debían estar listos para su entrada en servicio antes del próximo 31 de diciembre, bajo riesgo de perder la totalidad de las ayudas en caso de incumplimiento. Y es por eso que desde hace semanas varias calles cuentan con unas cámaras y otros dispositivos que generan «incertidumbre» entre los vecinos, tanto en torno a su finalidad como sobre el modo en que pueden afectar a su día a día.

«Falta información de primera mano», lamenta el presidente vecinal, Carlos Arias, quien indica que «incluso hay quien piensa que son cámaras de vigilancia para evitar robos». En su opinión, todo lo relacionado con la futura Zona de Bajas Emisiones «está siendo muy opaco y da la sensación de que hay mucha improvisación y que no saben muy bien lo que van a hacer». Remarca que «los vecinos no tienen ni idea de como les va a afectar todo esto, y el concejal ni siquiera ha venido a explicarle nada directamente a la gente». En este sentido, la asociación vecinal de La Calzada pide que los responsables municipales «vengan al barrio con un calendario y a responder las dudas que puedan tener los vecinos, que es algo que nos parece tan urgente como la instalación de todas las cámaras y los sensores. Que nos expliquen en qué va a consistir la Zona de Bajas Emisiones».

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, recuerda que aunque todos estos equipos de control y medición estén ya instalados, para cumplir con el contrato y con las condiciones de la ayuda europea con la que se ha financiado su adquisición, aún no existe ni siquiera un borrador de la ordenanza que debe regular esa zona de bajas emisiones y, por tanto, sigue sin haber restricción alguna de acceso al barrio. «Seguimos pendientes de que la empresa encargada de ello presente el informe técnico de la ordenanza, para poder convocar el Consejo Sectorial de Movilidad», indicó el edil, quien admite que este trámite normativo va con retraso. Barcia añade no obstante que el gobierno municipal mantiene su compromiso de que en el corto y medio plazo «no haya ni una sola multa» relacionada con las restricciones de acceso que en su momento se fijen para el barrio. Y remarca que, si la promesa inicial era la de no multar a nadie hasta que el vial de Jove estuviera construido y operativo, una vez que este proyecto ha pasado a la historia se esperará hasta que haya otro que quite los camiones de la avenida del Príncipe de Asturias. «Si el gobierno de Pedro Sánchez quiere que en Gijón haya una zona de bajas emisiones, que nos diga cuándo va estar lista la alternativa para todo el tráfico pesado que pasa por La Calzada».

En lo que respecta al articulado de la ordenanza, se tomará como base un modelo impulsado desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque buscando la aplicación más «laxa» posible. El propio Barcia ya indicó hace unos meses que la intención es que las restricciones de acceso a la zona no sean permanentes, sino graduales y vinculadas a episodios de contaminación ambiental, y que la decisión sobre quién puede entrar no estará relacionada con el tipo de vehículo sino que se basará en razones como el lugar de residencia y trabajo, para no afectar así a quienes viven o desarrollan su actividad laboral en La Calzada.

Determinar en qué momento es necesario aplicar restricciones y controlar si un vehículo tiene derecho a acceder o no a la Zona de Bajas Emisiones serán las funciones de los equipos que llevan días atrayendo la atención de los vecinos de La Calzada, a la espera de la normativa que permita empezar a darles uso. Una veintena de cámaras situadas en las principales entradas al barrio servirán para identificar las matrículas y cotejar si el vehículo en cuestión puede circular cuando haya restricciones en vigor; seis cámaras de 360 grados se utilizarán para contar vehículos y poder disponer así de un continuo control de aforos y flujos del tráfico; ocho pequeñas estaciones de control de la calidad del aire permitirán medir en tiempo real en otros tantos puntos los niveles de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre y partículas PM10 y PM2,5; y ocho sonómetros harán lo mismo con el ruido.