Gijón aplicará otra fiscalidad a los pisos turísticos para asimilarlos a negocios y no a viviendas

La presentación fue a dos voces, la de las dos áreas implicadas: Turismo y Urbanismo, Ángela Pumariega y Jesús Martínez Salvador, respectivamente. Expusieron su plan tras tener ya en vigor la suspensión de la concesión de nuevas licencias, aprobada el miércoles por unanimidad en pleno municipal. Lo que hará ahora el Ayuntamiento es es aprovechar ese año de moratoria para implementar un plan.

Lo que se quiere hacer está dividido en varias categorías. Hay algunas que dependen solo del gobierno municipal, que con el voto afirmativo del concejal no adscrito tendrían mayoría para aprobarlas. Es la que quieren que entre en vigor el 1 de enero, tras la tramitación de una modificación de las ordenanzas fiscales. Es ese momento del año en el que se habla, debate, y cambia todo lo relacionado con impuestos. Este año hubo una congelación mayoritaria, cambiando las basuras, cementerios y poco más. Pues bien, lo que se quiere es modificar la categoría de los pisos turísticos y que tengan un tratamiento fiscal diferente al actual. El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, lo explicó con un ejemplo: «¿Por qué una mercería tiene un IBI por ser negocio y una VUT, no, y es como el de una familia?». Resumiendo: lo que se quiere es que esa fiscalidad que se les aplique se asimile a la de un negocio y no una vivienda. En paralelo lo que se irá haciendo es determinar los umbrales de presión máxima por barrios y proponer medidas zonificadas. O sea, que no es lo mismo lo que se pueda plantear para Cimavilla, con la mayor presión de Gijón, que otro barrio. Asimismo, se montará un equipo de trabajo para la gestión del intrusismo, mediante la identificación de esas viviendas turísticas ilegales para convertirlas en legales; se creará una herramienta propia para complementar el censo digital y se elaborará un mapa en tiempo real de las VUT.

Y luego hay otra cuestión que se sale de sus dominios, más allá de la presión que se ejercerá desde el Ayuntamiento de Gijón al gobierno del Principado. En este punto fue cuando Jesús Martínez Salvador interpeló directamente a la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, sentada en primera fila. Le pidió que modifique la Ley del Turismo con el objetivo de que los municipios tengan capacidad para declarar zonas tensionadas, entre otros asuntos. Son medidas que están basadas en los datos que obran en poder del gobierno municipal, y que hablan, por ejemplo, de que el 92% de las nuevas camas en alojamientos en el último año en la ciudad son de VUT.

Por su parte, la vicealcaldesa Ángela Pumariega reconoció el «reto» de combinar «ser un motor económico y potenciar el turismo con la explotación de las VUT, porque es una oferta que está en la ciudad y una opción para los visitantes, pero tiene que hacerse cuidando y protegiendo a Gijón, su esencia y los vecinos». La ciudad tiene declaradas 5.142 plazas de pisos turísticos, y se sitúa en tercer lugar tras San Sebastián y Santander.