La federación vecinal pide a Moriyón que retire a Illán de Participación Ciudadana

La federación vecinal urbana (FAV), a través de su presidente, Adrián Arias, reclamó ayer a la alcaldesa que retire a la concejala Eva Illán las competencias delegadas de Participación Ciudadana. Arias acusó a Illán de «aplicar un '155 participativo'» por su decisión, comunicada a través de un correo electrónico y con el rechazo de la mayoría de los grupos de la oposición, de dejar en suspenso el debate para diseñar un modelo estable de presupuestos participativos a partir de 2019. Todo ello justificado por la edil en la idoneidad de esperar a que se elabore un Plan Estratégico de Participación Ciudadana para evitar disfunciones normativas entre los distintas ordenanzas y reglamentos que se están abordando en el Ayuntamiento con vistas a facilitar este tipo de procesos participativos.

Según remarcó el dirigente vecinal, la decisión «unilateral» adoptada por Illán, «sin negociación ni comunicación previa al resto de grupos políticos y entidades sociales implicadas», va en contra de los compromisos adquiridos públicamente por Carmen Moriyón con el movimiento vecinal gijonés para avanzar y profundizar en esta materia. «Se genera confusión -criticó- en un momento en el que se trabaja en la reforma del reglamento de participación y en la dinamización de los consejos de distrito».

«La participación ciudadana le queda grande a esta concejala y la alcaldesa debería retirarle sus competencias en esta materia», recriminó Arias, al tiempo que recordó a Moriyón sus recientes manifestaciones en las que ésta dijo públicamente que «solo faltaría que tuviéramos consenso con los partidos políticos y no lo tuviéramos con los vecinos». «Tenemos que saber si sigue vigente el compromiso adquirido con nosotros o si por el contrario está de acuerdo con la aplicación de este '155 participativo' que retira la autonomía para trabajar sobre todas estas cuestiones», subrayó.

Arias anunció una reunión el próximo martes, a las 19 horas, en la sede de la FAV con las entidades sociales para fijar una posición conjunta.

Tras la polémica suscitada, la propia edil se vio ayer obligada a salir al paso de la lluvia de críticas. Y lo hizo con un comunicado. Illán defendió que la comisión especial del Consejo Social sobre presupuestos participativos ni se suspende ni se disuelve como se afirma desde la oposición y seguirá realizando su labor con normalidad. Prueba de ello, indicó, es que está convocada una reunión de este grupo para el 30 de octubre en la que se abordará, entre otros temas, el balance de resultados de los presupuestos participativos de este año.

Illán defendió no obstante que es necesario establecer «una coordinación» de los trabajos de la comisión de presupuestos participativos con la perspectiva de futuro de la realización de un Plan Estratégico de Participación Ciudadana, cuya ejecución está prevista a lo largo de 2018 y 2019.

El concejal del PP, Pablo González, abogó ayer, por su parte, «liquidar» el actual sistema para decidir las inversiones de los presupuestos participativos y articular nuevas fórmulas más representativas como la que rige en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde el Pleno tiene la potestad de «intervenir y decidir» a partir de las propuestas que le llegan de los ciudadanos.

«No puede ser que el destino de 400.000 euros lo decidan 98 votos obtenidos telemáticamente de aquella manera», criticó González.