El convenio del plan de vías prevé acabar las obras en 2025 y amplía los pagos hasta 2045

En 2019 y 2020 se trabajaría en la redacción de proyectos y la urbanización de las parcelas del 'solarón' que actualmente conforman los Jardines del Tren de la Libertad. En 2021 comenzarían las obras de la estación intermodal y en 2023 la cobertura de vías hasta La Calzada. Junto a estas dos actuaciones irían la demolición de Carlos Marx, la ampliación del parque de Moreda, el desdoblamiento de Juan Carlos I y la recuperación del antiguo acceso a Gijón por Sanz Crespo, transformada en bulevar. En paralelo Adif acometería en solitario las obras necesarias para completar y poner en marcha el metrotrén desde la estación intermodal hasta Cabueñes.

Como estaba previsto, el Ministerio de Fomento dedicará 313,66 millones de euros a la prolongación y equipación del túnel y 140,16 millones más a la parte de la futura estación intermodal correspondiente a las cercanías, que circularán a 21 metros bajo tierra. El resto de las actuaciones, que suman 360,2 millones de euros, serán sufragadas por la sociedad Gijón al Norte. Y es en la financiación de esta última parte donde aparecen las principales novedades con respecto al convenio presentado en mayo.

Entonces se planteaba la posibilidad de solicitar un préstamo al Banco Europeo de Inversiones u otra entidad, apuntando que «en caso de que no se disponga de la financiación externa en el momento preciso, las administraciones se obligan a aportar a Gijón al Norte los recursos necesarios para hacer frente a las aportaciones». Se adjuntaba a este respecto un calendario con los desembolsos que deberían hacer cada año las administraciones, y cuya cuantía iba en paralelo al coste de cada fase de las obras. Por ejemplo, se preveía que harían falta 34,86 millones en 2020, 62,2 millones en 2021, 94,8 millones en 2023... Y así hasta un pago final de 59,24 millones en 2024, que era la fecha inicialmente prevista de finalización de los trabajos. Cada socio de Gijón al Norte correría cada año con una parte del gasto equivalente a su peso en la sociedad. Es decir, el Ministerio de Fomento con el 50% y tanto Principado como Ayuntamiento con un 25% cada uno. En el caso de la administración local, no obstante, se planteaba la posibilidad de ampliar hasta 2034 el pago de los 90,05 millones que le corresponden del total de la obra, de modo que no tuviera que desembolsar ningún año más de seis millones de euros. Para que la ejecución de la obra no se viera afectada por esta menor aportación municipal, Adif se haría cargo de adelantar a Gijón al Norte la diferencia correspondiente, que le sería devuelta después con los intereses correspondientes.

Con la nueva propuesta se fijan dos etapas diferentes. La primera abarca los dos primeros años del convenio, 2019 y 2020, durante los cuales las tres administraciones financiarían la redacción de proyectos, la urbanización del solarón y los costes operativos a través de un «préstamo participativo» a Gijón al Norte para el cual Fomento aportaría 3,5 millones y Principado y Ayuntamiento 1,7 millones cada uno. Para la segunda fase, la de ejecución de obras, se recurriría de manera inexcusable a un préstamo externo, prefentemente con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La intención es empezar a negociar con esta entidad durante la redacción del estudio informativo «y previamente a la licitación de las obras». De hecho en uno de los nuevos párrafos del convenio se advierte de que la ejecución de las actuaciones que competen a Gijón al Norte no podrá sacarse a contratación «mientras no se haya obtenido la financiación necesaria para acometer el proyecto en su conjunto, para garantizar la ejecución total de la operación». El préstamo se firmaría en 2021 y se devolvería en un plazo de 25 años, haciendo frente cada administración durante ese periodo a amortizaciones equivalentes a su peso en el accionariado. Los pagos se prolongarían por lo tanto hasta 2045, que son diez años más de los que estaban previstos inicialmente para el Ayuntamiento y veinte más en el caso del Principado y Adif.

La propuesta de Fomento contiene una cláusula que obliga a modificar o resolver el convenio para la firma de uno nuevo «en el caso de que no se consiga la financiación externa, ya que habrá que establecer el nuevo mecanismo de finanación para llevar a cabo las obras». No es la única posiblidad que añade para tener que revisar de manera obligatoria el documento. También habrá que hacerlo «en el caso de que la solución del estudio informativo sea la planteada en el convenio, pero los costes de la misma superen en un 20% el total de estimación global». En el caso de que hubiera sobrecostes por debajo de ese 20%, se mantiene que el Ayuntamiento solo correría con los correspondientes a la urbanización de los suelos, el Principado con los de la estación de autobuses y Adif con el resto.

Otra novedad destacada, comprometida por el ministro tras su reunión de la semana pasada con el Ayuntamiento, es la inclusión de un párrafo que indica que «la redacción de los proyectos podrá iniciarse previamente a la finalización de la redacción del estudio informativo, cuando este cuente con un grado suficiente de desarrollo, respetando en todo caso los trámites ambientales, de información pública y la contestación de alegaciones». Puntualiza no obstante que «dichos proyectos no podrán aprobarse en tanto en cuanto no se apruebe dicho estudio».