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P. SUÁREZ
GIJÓN.
Viernes, 19 de julio 2019, 00:53
La familia de Paz Fernández Borrego, cuyo cadáver fue encontrado en el pantano de Arbón (Villayón) el 6 de marzo de 2018, solicita 25 años de prisión para Javier Ledo, al que considera el autor de un delito de asesinato con la agravante de desprecio ... de género. Junto a esta condena, la acusación también reclama el pago de una indemnización que asciende a 130.000 euros para la madre y hermanas de la víctima. Así figura en el escrito de calificación presentado por el abogado Julio Nieda, quien ejerce la acusación particular en nombre de la familia de la víctima, ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Gijón, encargado de la apertura de un juicio, que se celebrará con un tribunal del jurado.
En el escrito remitido al juzgado, el letrado sostiene que el acusado y Paz Fernández Borrego compartían «una relación de afectividad íntima sin convivencia» y atribuye el crimen a los celos «posesivos» que sufría Ledo tras comprobar que la víctima seguía manteniendo conversaciones por WhatsApp con su antiguo novio.
Según el relato de la acusación particular, el día del crimen Paz Fernández, de 43 años y vecina de Gijón, se desplazó hasta Navia. Allí, donde se la vio con vida por última vez, estuvo consumiendo bebidas alcohólicas durante buena parte del día junto a Ledo, con el que quedó para cenar esa noche.
El ahora acusado salió del bar donde estaban y se dirigió hacia su casa. Y Paz continuó en el establecimiento, donde, en un estado «muy ebrio» y pese a haber roto con su anterior pareja, estuvo enviándole a esta última persona varios mensajes a través de su teléfono móvil.
Siempre según el escrito de Nieda, que toma como base las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, cuando ambos se encontraban ya en casa de Ledo, este coañés, movido por «celos posesivos» y «con conocimiento» del gran estado de embriaguez y merma de facultades que presentaba ella, arremetió de manera «imprevista y repentina» contra Paz Fernández. Tras caer al suelo, quedó de rodillas. La acusación sostiene que Ledo la golpeó «desmesuradamente» en la cabeza con un rodillo de cocina metido en una bolsa de plástico y con piedras. Los golpes le provocaron a la víctima un traumatismo craneoencefálico severo incompatible con la vida.
Por este motivo, el abogado de la familia insiste en que Paz Fernández recibió los golpes en una situación de inferioridad, «sin posibilidad de defensa», y que lo único que pudo hacer fue tratar de cubrirse con las manos. En este sentido, y a diferencia del estado ebrio que presentaba la fallecida, Nieda cree que Ledo cometió los actos «plenamente consciente» y con la voluntariedad e intencionalidad de matar a la mujer, por lo que descarta que lo ocurrido se pueda calificar como un homicidio.
Consumado el crimen, prosigue la reconstrucción de los hechos, Ledo salió de la casa e introdujo el cadáver en el coche envuelto en una manta para después arrojarlo desde un puente al arroyo de la Pontiga. Tras deshacerse del cuerpo, Ledo dejó su vehículo estacionado en la población de El Espín (Navia) y trató de eliminar todos los restos de sangre, tanto del propio vehículo como de su domicilio.
La acusación añade que Javier Ledo cambió varias veces de versión a fin de obtener una posible coartada. De hecho, en una de sus declaraciones, aseguró que Paz Fernández se había caído por las escaleras de su casa tras una discusión provocada porque esta le había cogido un sobre con 500 euros, una tesis que resulta verosímil para la Fiscalía. No obstante, a diferencia de la acusación particular, el Ministerio Público rebaja la calificación de asesinato a homicidio y pide una pena de 15 años de prisión y 260.000 euros en indemnizaciones para los hijos, la madre y las hermanas de Paz.
Ledo se encuentra en prisión provisional desde el 12 de marzo de 2018 y la Fiscalía ha solicitado que se prolongue esta situación hasta la celebración del juicio ante el riesgo de fuga.
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