PABLO SUÁREZ
GIJÓN.
Martes, 3 de marzo 2020, 00:52
La familia de un discapacitado que se encuentra bajo la tutela del Principado ha denunciado un delito de abandono después de que, presuntamente, este haya sido agredido sexualmente por otro hombre. La víctima, de 33 años y que presenta una minusvalía del 53%, se encuentra ... desde hace varios años a cargo de la administración regional, habiendo sido ubicado en uno de los apartamentos tutelados y habilitados para este tipo de casos. Según consta en la denuncia presentada por la familia, a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, las condiciones de esa residencia, ubicada en Tremañes, son insuficientes respecto a las necesidades que presenta el hombre. «Nadie se ocupa de que se tome su medicación, no recibe cena, no tiene persona al cargo y no hay control alguno de entradas y salidas», aseguran en el escrito presentado ante la Fiscalía Superior del Principado.
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Aseguran que el discapacitado «se escapa habitualmente durante varios días», acudiendo posteriormente a casa de su madre para que esta lo asee y vista. Habría sido en una de esas salidas cuando la víctima, «fruto de tal desatención y falta de control» fue llevado a un bar de La Felguera junto a otro compañero. Allí, según asegura la propia víctima, fue objeto de una sodomización forzada después de que el presunto violador, «un tal José», le pagase cincuenta euros a cada uno de ellos. «Me hizo mucho daño», asegura, tal y como se recoge en la denuncia, el propio agredido respecto a la penetración forzada que dice haber sufrido y que permitió «por miedo».
Por todo ello, la familia considera responsables de lo ocurrido tanto a las personas que hayan podido participar en los hechos como al Principado, como tutor legal de la víctima.
El hombre presenta, tal y como consta por sentencia judicial, «deficiencias persistentes de carácter físico y psíquico que le impiden gobernarse por sí mismo, retraso mental y probable síndrome de Asperger, siendo la enfermedad psíquica, crónica irreversible». En ese sentido, el juez lo consideró en su momento «susceptible de engaño continuado por parte de terceras personas». El auto, que data de hace varios años, cuando la víctima todavía estaba a cargo de su progenitora (es huérfano de padre), recoge también su tendencia a escaparse. «No tiene conciencia de su enfermedad, por lo que en caso de supervisión dejaría de tomar la medicación pautada, realizando conductas que ponen en peligro su vida y su salud, así como en todo lo relativo al lugar de su residencia, toda vez que, en reiteradas ocasiones, abandona el domicilio familiar, frecuentando lugares y personas que no le causan bienestar alguno y que ponen en peligro su vida, salud y patrimonio», cita el documento.
Tiempo después, a consecuencia de la imposibilidad física de la madre para asumir su cuidado, es ella misma quien solicita al Principado que se haga cargo de su hijo. En esa sentencia, por medio de la que el juez propone como nuevo tutor al Principado con la conformidad de la familia y el Ministerio Fiscal, se recoge que los factores de riesgo que presenta el discapacitado han aumentado, «pudiendo ser fácilmente timado».
«No es capaz de comprender la mayor parte de situaciones esenciales y variadas de la vida diaria y, en consecuencia, no es capaz de comportarse adecuadamente a cada una de las situaciones esenciales y variadas de la vida diaria que se le pueden presentar, necesitando supervisión y ayuda para todas ellas», recoge el documento, que autoriza el ingreso del hombre «en un centro adecuado a sus circunstancias».
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Por su parte, el Principado asegura que no le ha sido notificada todavía la denuncia y mantiene que el hombre «tiene cubiertas sus necesidades de alimentación y vivienda». La consejería se compromete a esclarecer el caso una vez reciba notificación.
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