El expresidente de El Musel asegura que «en ninguna de las auditorías aparecía un tema que pudiera ser delictivo»

El expresidente de El Musel remarcó que «el puerto no expropió. Fue la Delegación del Gobierno en Asturias, aunque quien paga es la Autoridad Portuaria». Remarcó que con Tudela Veguín se llegó a un acuerdo, pero que en las alegaciones del proceso de expropiación «Prendes planteaba que se le pagara más, pero no estaba disconforme con la expropiación». Rexach añadió que se le abonó el terreno a 24 euros el metro cuadrado.

A continuación, explicó que no se pudo llevar a cabo el desmonte para aprovechar la tierra para el relleno y contar con una nueva zona explanada para el puerto porque el Ayuntamiento de Carreño presentó un recurso. Pero también indicó que las viviendas que había en el Alto Aboño fueron demolidas inmediatamente para evitar que fueran ocupadas y pudiera haber más problemas. El fiscal también incidió en el papel que jugó Tudela Veguín en el Alto Aboño, pues tenía algunos terrenos que sí acabaron siendo desmontados. «A Tudela Veguín el Ayuntamiento de Carreño le dio la licencia en un plazo breve», apuntó.

La defensa del expresidente, por su lado, quiso centrar el tiro en las posibles irregularidades que se hubieran cometido durante la gestión de la obra y por eso preguntó a su defendido sobre los informes, controles y auditorías que había tenido durante los años que duraron los trabajos. Menéndez Rexach relató todos los controles, incluida una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. «Hubo un constante control de la obra y de la gestión. En ninguno aparecía un tema que se considerase delictivo», aseguró.

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MARCO MENÉNDEZ

Buena parte de la declaración del expresidente también se dedicó a la cuestión presupuestaria, es decir, a las cantidades que tuvieron que ser sufragadas por créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) –a través de Puertos del Estado–, así como a las subvenciones de los Fondos de Cohesión. Al final, Rexach añadió que la liquidación fue negativa en 92 millones de euros a favor del puerto, si bien posteriormente la UTE Dique Torres presentó un contencioso-administrativo reclamando al puerto 329 millones más intereses.

Todos estos datos hicieron que el magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez (integrante del tribunal que preside Francisco Javier Vieira y también compuesto por la magistrada María Riera) le pidiera aclaraciones al expresidente, quien le indicó que el asunto había sido analizado por el Tribunal de Cuentas y sentenciado. Es más, aseguró que con motivo de dicho proceso, «se investigaron mis cuentas bancarias por el caso 'A ver la ballena', que fue sobreseído.